Samuel Moreno, busca su megapensión como excongresista

Samuel Moreno le solicitó al Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) el reconocimiento pensional en razón a que ya cumplió 57 años. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

El exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, condenado por corrupción a 24 años de cárcel, quiere pensionarse como excongresista y desde su lugar de detención, la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, está haciendo las averiguaciones para saber si puede.

EL TIEMPO supo que Moreno, quien todavía está pendiente de algunas otras condenas, solicitó al Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) el reconocimiento pensional en razón a que ya cumplió 57 años.

El exalcalde argumentó que estuvo más de 15 años en el Congreso, además de otro tiempo cotizado, por lo que podría acceder a una pensión tope en su calidad de excongresista. Es decir, aspira a gozar desde su lugar de reclusión de una mesada de 18,4 millones de pesos.

Sin embargo, en el Fondo le respondieron que no cumple los requisitos de ley (tener 62 años) y que, además, la cotización de su jubilación la ha tenido en una administradora privada.

En otras palabras, Samuel Moreno no podrá tener su megapensión de excongresista con Fonprecón, pero sí podrá iniciar ante su administradora la posibilidad de conseguir una pensión anticipada. En ese caso el monto dependerá fundamentalmente del dinero que haya ahorrado.

Inicialmente, en marzo del año pasado el juez 14 de conocimiento condenó a 18 años de cárcel y lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.

Pero en enero de este año, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, condenó a Moreno a 24 años y ocho meses por su participación en el denominado ‘carrusel de la contratación’.

“Uno de los males que padecen las sociedades contemporáneas es la corrupción, en Colombia se ha padecido la vinculación criminal con el Estado”, señaló el magistrado que leyó el fallo. Además, agregó que a muchos de los intervinientes en hechos corruptos no los ha tocado la justicia.

“El alcalde mayor de Bogotá, en una posición de privilegio, acordó con las principales fuerzas políticas de la sociedad una repartija de cargos, contratos e instrucciones que resultó ser punible, consiguiendo así satisfacer los intereses particulares o individuales de estas colectividades”, agregó el fallo.

Fuente: El Tiempo