Redacción
Hace 72 horas, el superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, dejó al descubierto un multimillonario acuerdo ilegal entre reputadas empresas para aumentar de manera ficticia los precios de los pañales desechables para bebés.
El pacto no solo obligó a consumidores de todos los estratos a pagar precios más caros por el producto sino que, además, les permitió a las empresas involucradas echarse a sus bolsillos cerca de 770.000 millones de pesos.
El periódico EL TIEMPO le solicitó a la SIC la Resolución pública a través de la cual, el 4 de agosto, les formuló pliego de cargos a estas firmas, y estableció que sus gerentes están implicados y que incluso coordinaban el ‘cartel’, que funcionaba desde el 2000.
De hecho, directivos y emisarios se reunieron en el hotel Marriott de Panamá y en Lima (Perú), para afinar la ‘trampa’. Y se cruzaron invitaciones, con todo pago, a Medellín, Cali y Bogotá (sedes de las empresas) para pactar incrementos en precios, descuentos y promociones y hasta la calidad del producto que vendían.
La lista de implicados la encabeza Francisco José Barbieri Ospina, gerente y representante de Tecnoquímicas y Tecnosur; Darío Rey Mora, gerente de Productos Familia S. A.; Felipe Alvira, gerente de Colombiana Kimberly Colpapel S.A., y tres representantes legales de Drypers Andina S.A.
Sus empresas se exponen a multas de hasta 60.000 millones de pesos y los directivos involucrados (44 en total) a pagos que pueden llegar a los 1.200 millones.
Aunque se trata de un producto sensible, usado de manera masiva por cerca de 2 millones de niños en Colombia, esta conducta aún no tiene alcances penales.
Visitas sorpresa
La investigación se inició a mediados del 2013, cuando, a través de un anónimo, la SIC se enteró de la posible existencia de este cartel.
Una vez identificaron los cargos de los implicados y sus cuentas de correos corporativos, se planeó una visita al mejor estilo de la DEA: los días 18 y 19 de noviembre de 2013, 50 funcionarios llegaron simultánea y sorpresivamente a Familia, Kimberly y Tecnoquímicas.
En el equipo se incorporó a expertos en rastreo y recuperación de información borrada y a funcionarios que recogieron documentos, mensajes internos y testimonios que confirmaban la existencia de un acuerdo por debajo de la mesa. Las visitas quedaron grabadas.
Días después de la requisa, ejecutivos de una de las empresas implicadas llegaron a la SIC para acogerse al programa de colaboración a cambio de beneficios. Una semana después, otra de las implicadas hizo lo mismo. Es la primera vez que ocurre en este tipo de expedientes.
Ambas empresas confesaron su participación en el cartel y aportaron pruebas irrefutables sobre la existencia del acuerdo anticompetitivo, su antigüedad de casi 15 años y los involucrados.
“Según nuestro último acuerdo, del primero de julio, nuestros precios deberán subir el 5 por ciento. Este incremento es, obviamente, sobre el objetivo que ya deberíamos haber alcanzado; por tanto, les estoy enviando nuevamente los precios objetivos (supermercados y tradicionales) a los que debemos estar apuntando a partir de dicha fecha”, se lee en uno de los correos enviado por uno de los directivos.
‘No dejen nada escrito’
Y en otro, capturado por la SIC, queda clara la intención de los ‘cartelistas’ de esconder la evidencia:
“Mira los mails que envían. Yo no escribo nada por mail corporativo, ni hablo por teléfono (…), todo lo hago por celular personal, y les digo a ellos que no me escriban, que yo no puedo leer mails de determinadas direcciones, que no me copien… dicen que OK… y mira. Cómo estos mensos pueden vender más???”.
Además, ejecutivos contaron cómo sus supuestos rivales los invitaban con todo pago a discutir los precios. Las reuniones duraban entre 3 y 4 horas y se hicieron en el hotel Las Lomas, de Medellín; en el Radisson, de Bogotá; y en los Dann de Cali y Bogotá. También viajaron a Lima y a Colón (Panamá).
Para el superintendente Robledo, el incremento de las delaciones es producto de una política diseñada desde el primer día en que asumió el cargo.
“Lo que está ocurriendo hoy en la SIC no es producto del azar; el que los empresarios vengan a delatar a cambio de beneficios es el resultado de una política pública para descubrir carteles anticompetitivos que tiene tres pilares: sanciones ejemplarizantes, visitas de inspección muy profesionales y con tecnología de punta, y cero cierres de investigación anticipados a cambio de compromisos inocuos que ofrecen los investigados”, explicó.
De hecho, la SIC ha impuesto otras millonarias sanciones a sectores que han firmado este tipo de acuerdos. Y aunque se abstuvieron de anunciar nuevas sanciones, EL TIEMPO estableció que se indagan casos similares con los precios del papel higiénico y de los cuadernos.
‘Los correos y testimonios claves que enredan a las empresas’
-“Les adjunto los compromisos. Hay dos hojas para los dos compromisos y una tercera hoja con las posiciones relativas de precios (…). Pa la prox. no escribas que la compañía (…) tiene reunión con la competencia… nunca dejes nada escrito de ese tema!!!!”.
-“Según nuestro último acuerdo, del primero de julio, nuestros precios deberán subir el 5 por ciento. Este incremento es, obviamente, sobre el objetivo que ya deberíamos haber alcanzado, por tanto les estoy enviando nuevamente los precios objetivos (supermercados y tradicionales) a los que debemos estar apuntando a partir de dicha fecha”.
-El Presidente dio la orden al área comercial de suspender la venta de la referencia pague 30 lleve 33 unidades de pañal y así mismo dio la orden a producción de suspender la elaboración de esta referencia, con el fin de lograr llegar al acuerdo. (…)”.
-“Cuando empecé a ejercer como gerente, las personas trabajaban en función de cumplir un acuerdo de precios que ya estaba establecido años antes con los demás competidores”. -“Los hechos eran conocidos por todas las áreas de la empresa dado que en las reuniones de gerencia esos eran los puntos a tratar, y en realidad no había tapujo para hablar del acuerdo de precios logrado”.
UNIDAD INVESTIGATIVA