Redacción
La Alcaldía de Buenaventura, sí puede ser Intervenida por el Gobierno Nacional, pese a su condición de Distrito Especial, aseguraron especialistas en el tema.
Para este año Buenaventura cuenta con un presupuesto de $413.770 millones.
El municipio también recibe recursos de regalías y el Gobierno Nacional ha anunciado un millonario plan de inversiones sociales que ascenderían a más de $300.000 millones.
De persistir la crisis financiera que azota al municipio de Buenaventura este podría descender de primera a segunda categoría lo que sería desafortunado para el ente territorial que hoy es distrito especial.
La advertencia fue hecha por la contralora Distrital, Rosa Belisa Góngora, quien prendió las alarmas sobre una inminente iliquidez o insolvencia del ente administrativo al igual que otras dependencias auditadas por ella como los hospitales Luis Ablaque de La Plata y San Agustín, éste último en la zona rural de Puerto Merizalde, y la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura.
“Hemos venido requiriendo a la administración local en la necesidad de hacer ajustes pero no han hecho caso, persiste el caos y el desorden administrativo que podrían determinar una intervención que ojalá no lleguemos a ello, pues sería algo desastroso para todos”, dijo la señora Góngora.
Destacó que el semáforo de la inviabilidad está en amarillo pero de un momento a otro puede pasar a rojo.
Más de $22.000 millones de déficit y un presunto detrimento patrimonial de más de $98.000 millones, producto de varias demandas y embargos, a los cuales se ha visto el Distrito obligado a pagar mantienen a Buenaventura en el filo de la navaja de sus finanzas.
Según el informe de la Contralora, el Distrito, contrario a lo ordenado, está gastando cerca del 70 % de sus ingresos de libre destinación en funcionamiento.
Hasta el momento ni el alcalde Bartolo Valencia, ni el Secretario de Hacienda se han pronunciado sobre el tema, pero recientemente el director jurídico de la Alcaldía, Remberto Quiñones, reconoció la existencia de algunos embargos, pero “no se puede decir que esté en bancarrota o situación crítica”, dijo.
Atribuyó parte de esta situación a deudas de las administraciones pasadas donde quedaron pendientes algunos compromisos y que no fueron incluidos en la Ley 550 que rigió los destinos económicos de la administración hasta hace casi tres años.
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