Redacción
Ya había invertido mil millones de dólares para cubrir 85 kilómetros. El gobierno cambiará su estrategia de seguridad fronteriza, que adaptará a las características de cada región
El Congreso había encargado el sistema de tecnología avanzada en el 2006, en medio de los pedidos de aumentar la seguridad fronteriza cuando se debatió un polémico proyecto de reforma migratoria. El proyecto sólo había cubierto 85 kilómetros hasta ahora.
La iniciativa fue encargada a la firma Boeing Co y tenía como objetivo reunir tecnologías de cámaras, sensores y radares para detectar a quienes intentan cruzar la porosa frontera de forma ilegal.
La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, contó el viernes que en el futuro la tecnología que se usará en la frontera se elegirá según el terreno y la densidad poblacional de cada región. Y afirmó que no hay una solución que sirva para todas las zonas y sus diferentes necesidades de seguridad fronteriza.
"Esta nueva estrategia está hecha a medida para las necesidades únicas de cada región fronteriza, brindando un despliegue más rápido de la tecnología, mejor cobertura y un equilibrio más efectivo entre costo y capacidad", afirmó en un comunicado.
La funcionarias detalló que en vez de una gran innovación tecnológica, se usarán sistemas de vigilancia disponibles en el mercado, naves no pilotadas, imágenes térmicas y otros equipos, después de sugerencias clave hechas por críticos al programa.
"El sistema SBInet (Secure Border Initiative) no es el sistema adecuado para todas las áreas de la frontera y no es el enfoque más efectivo para asegurar la frontera", había dicho el Departamento de Seguridad Nacional en su análisis del proyecto, en sintonía con críticas de republicanos y demócratas.
El nuevo esquema debería costar menos de 750 millones de dólares y abarcará el resto de la frontera en el estado, unos 520 kilómetros, sostuvo el Gobierno estadounidense, mucho menos dinero que el que invirtió hasta ahora en 82 kilómetros.
El año pasado, el presidente Barack Obama promulgó una ley de 600 millones de dólares para financiar la contratación de 1.500 nuevos agentes de patrulla fronteriza, inspectores de aduanas y otros funcionarios en la zona limítrofe, además de pagar por dos naves no pilotadas adicionales. Asimismo, ordenó el despliegue de unos 1.200 agentes de la Guardia Nacional en la frontera suroeste para ayudar con los asuntos de seguridad.