Redacción
Familiares de víctimas del atentado ocurrido el 24 de marzo de 2010, en el centro de Buenaventura, denunciaron ser víctimas de discriminación, pues aseguran que a unos les aceptaron las demandas y a otros no.
Según el abogado Eusebio Camacho, quie lleva varios de los procesos de demandas contra el Estado, se han cometido injusticias, pues no se ha medido con el mismo criterio a las víctimas.
«Da la impresión, y en eso me estoy documentando para presentar las respectivas denuncias, que se tuvo en cuenta a las víctimas de afuera y a las locales se les dejó por fuera de las demandas que por daños presentaron al Estado», dijo Camacho, un reconocido jurista local, quien ha ganado cerca de cien demandas contra el Estado.
«El 24 de marzo de 2010, siendo las 9:25 a.m., ocurrió una fuerte explosión por acto terrorista en el centro de la ciudad de Buenaventura, a media cuadra de la Alcaldía y frente a la sede del CTI de la Fiscalía. Un Mazda 323 de placas QBE-070, de Popayán, cargado con 60 kilos de anfo, acabó con la vida de nueve personas, entre ellas el señor Efraín Gamboa Ruiz, y dejó 54 personas heridas», precisa la relatoria de los hechos por parte del Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura.
La familia de esta víctima, que laboraba en la Alcaldía, demandó al Estado como responsables de los daños causados. Sin embargo, el fallo negó las pretensiones, aduciendo entre otras razones jurídicas que no se tiene certeza que el atentado iba dirigido contra el CTI de la Fiscalía.
«No se estableció el objetivo de la explosión, no se conocía de amenazas previas relacionadas con un posible ataque terrorista en el lugar, de allí que no se puede considerar responsable a las entidades demandadas», precisa el documento. Esta decisión no solo afecta a la familia a Gamboa Ruiz, sino a otras víctimas.
Sin embargo, el mismo Juzgado declara «administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por la muerte del patrullero Edwin Carvajal Velásquez y los condena a pagar más de 800 salarios mínimos mensuales legales por daños morales y más de $73 millones por daños materiales a la madre del uniformado».
«Hubos fallas del servicio, se conocía de la vulnerabilidad del sector y de las amenazas de un atentado. Vamos a apelar esos fallos en contra de las víctimas oriundas de Buenaventura», dijo el abogado Camacho
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