Redacción
“Yo fui bautizado en 1956 con el nombre de Jorge Isaac. Pero cuando me enteré de que mis antepasados habían sido secuestrados al occidente de África, donde quedaba el antiguo reino de los Mandinga, tomé la decisión de cambiarme el nombre a Naka Mandinga. Naka es el nombre de un nigeriano que trabajó mucho por la libertad de su pueblo y el Mandinga es sanguíneo.»
Estas palabras pertenecen a un líder del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí, ubicado en el suroccidente del municipio de Buenaventura, que ha luchado por los derechos afro e indígenas desde su juventud. De hecho, formó parte de la comisión especial que creó la Ley 70 de 1993, brindando el derecho a territorios colectivos de estas minorías. Desde ese entonces, ha dedicado su vida a recorrer el país ayudando a conformar consejos comunitarios y colaborando en la solicitud de títulos colectivos.
Sin embargo, el reconocimiento del territorio ancestral no fue un proceso fácil para los yurumanguireños. Sus 13 veredas fueron reconocidas en 1998 por el Estado colombiano, que en el año 2000 les otorgó 54.000 hectáreas tituladas colectivamente. Pero lo que significó un logro para las minorías fue una amenaza para algunas multinacionales, pues varias tenían intereses en entrar en su territorio y la decisión las dejó sin herramientas jurídicas para hacerlo.
Entonces, al poco tiempo de alcanzar su derecho ancestral, se vieron enfrentados a la violencia. De acuerdo a Mandinga, “los paramilitares estaban haciendo un trabajo al servicio de las multinacionales, que aspiraban ocupar parte de nuestro consejo comunitario. Ellos intentaron desocupar nuestro territorio a través de la fuerza, a través de la presión, para que las empresas pudieran desarrollar sus proyectos.”
La intervención agroindustrial llevaría dinero rápido y fácil a la comunidad, pero para Naka esos cultivos no hacen parte de su cultura, sino de una cultura impuesta. “Yo siempre he planteado que nosotros vivimos en un territorio muy rico en recursos. Entonces, una empresa palmicultora nos propone entrar a intervenirlo a cambio de un salario, que no nos alcanza para comprar los productos que proporciona el bosque. Por lo tanto, ese modelo de desarrollo no nos sirve. Debemos vivir en armonía con el bosque del que sacamos la alimentación. Ese es el principio por el que nosotros hemos decidido conservar el territorio y no permitir el desarrollo de actividades agroindustriales, tanto lícitas como ilícitas.”
Esta posición los convirtió en víctimas de la guerra. Sin importar el miedo hacia los paramilitares, los yurumanguireños no estaban dispuestos a perder su territorio. En resistencia diseñaron el sistema de desplazamiento interno, que consistía en no salir de sus 54.000 hectáreas sino desplazarse a su interior para esquivar el riesgo de los paramilitares. Cuando una vereda se encontraba en riesgo, la vereda contigua se preparaba para recibir a sus vecinos. De las 4.200 familias, sólo 3.000 dejaron Yurumanguí. Los demás abandonaron sus casas, pero no sus tierras.
No sólo tuvieron que enfrentarse a los cultivos lícitos, sino también a los intereses de los narcotraficantes. La posición de la comunidad incluye no aceptar presencia de coca en su territorio porque, de acuerdo al líder, no genera seguridad alimentaria. “Ese cultivo puede llevar dinero al río, pero ese dinero lo que hace es destruir nuestras comunidades. Nosotros hemos decidido que el desarrollo no lo medimos en términos de producto interno bruto, sino en términos de felicidad interna bruta.”
Actualmente no hay rastro de monocultivos agroindustriales de ningún tipo en sus 54.000 hectáreas, lo que ha significado una lucha constante contra los intereses privados y gubernamentales. De hecho, en el 2007 un hombre ajeno a la comunidad plantó coca en el territorio de los yurumanguireños. La solución de la comunidad fue erradicar los sembrados con sus propias manos. Después de convocar a una minga, 250 miembros del consejo se fueron durante 3 días a acabar con 25 hectáreas de coca.
Los aprendizajes de esta lucha contra los intereses privados y del narcotráfico son parte del conocimiento que comparte Naka Mandinga con otras comunidades del Pacífico colombiano. Por eso su principal consejo es que «se debe trabajar en lo que llamamos el trabajo hacia adentro: que el negro se sienta orgulloso de ser lo que es y se sienta capaz de decidir su futuro.»
Pero esos intentos de resistencia han generado varias presiones sobre el territorio de la cuenca del río Yurumanguí, donde por muchos años guerrilla y paramilitares sembraron el terror. Además, el hecho de que empresas productoras de aceite de palma (del que Colombia es el cuarto productor) y compañías mineras hayan mostrado su interés por expandirse en la región, también ha desencadenado algunas tensiones. Por eso, Naka es firme al decir que sus necesidades básicas no son las mismas que las de otras culturas: “hay que hablar de tantas visiones de desarrollo como culturas existan y en un país que está constituido como pluriétnico y multicultural es un crimen querer meter a todos dentro de un mismo modelo de desarrollo. Hay otras comunidades que se han dejado invadir por la cultura occidental de la acumulación de capital y vienen cambiando sus recursos naturales por dinero. Nosotros hemos podido resistir.”
Fuente: EL ESPECTADOR