Redacción
El domingo 1 de mayo, a las ocho de la mañana en el territorio colectivo del Consejo Comunitario La Esperanza, Distrito de Buenaventura, se constataron los daños a la caseta levantada por los legítimos dueños del territorio para motivar el retorno de los integrantes del Consejo Comunitario.
Horas después la caseta destruida fue delimitada con cerca de alambre de púa, impidiendo el paso a esta área del territorio colectivo. Versiones indican que la persona que habría comprado de manera ilegal el predio, ordenado el daño de la caseta y la instalación de la cerca es un familiar de un funcionario de la alcaldía distrital
La misma fuente indicó que en este negocio, lo mismo que en más de 100 ventas ilegales, están involucrados los señores Javier Gamboa y Heriberto Riascos
En este territorio se han construido de manera ilegal más de 100 viviendas tipo cabañas sin que sus verdaderos y legítimos dueños hayan logrado evitarlo.
Los ocupantes de mala fe se han valido de algunos miembros de la Junta del Consejo Comunitario que siguen siendo recpnocidos a pesar de la ilegalidad por el Ministerio del Interior desde 2014, a pesar dw diversas impugnaciones.
Desde ese año se realizan negocios ilegales celebrados con personas ajenas, sin mediar consulta alguna. El territorio es usado por estructuras paramilitares de los llamados “Rastrojos” que fomentan la deforestación, la siembra de coca, estaderos vacacionales, desconociendo los derechos de las familias de comunidades negras, a quienes se les tituló el territorio en el año 2008.
Desde 2008 las comunidades desplazadas de La Esperanza fueron desplzadas y estan a punto de cumplir nueve años exigiendo garantías para su retorno, sin encontrar respuesta
Esta situación de desplazamiento, despojo, daños ambientales y sociales en el Consejo Comunitario La Esperanza se denunciaron en la audiencia pública “Víctimas del desarrollo y estado de cosas inconstitucionales” adelantado por los senadores Alexander Lopez y Sofia Gaviria de la Comisión de derechos humanos del Senado el pasado 28 de abril en Buenaventura.
Las autoridades Distritales, el Ministerio público, el Ministerio del Interior, La unidad de víctimas, además de organizaciones nacionales e internacionales que han realizado visitas y han constatado la magnitud de los daños. A pesar de ello el Estado y gobierno colombiano continúa vulnerando y permitiendo los daños colectivos en este Territorio titulado en el marco de la ley 70 /93.
El daño a la caseta comunitaria, símbolo de su propuesta organizativa de construcción de paz con justicia socio-ambiental, se suma a los daños que durante el 2015 se consumaran contra las vallas que el Consejo instaló para evitar más daños en el territorio.
Fuente: Radio Macondo