Redacción
El personero distrital, Álvaro Martán Abonce, aplaudió las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) con el fin de garantizar los derechos a la vida e integridad personal de 302 familias del barrio la Playita, calle San Francisco, cuyo sector fue bautizado como “espacio humanitario” hace varios meses por sus habitantes.
Sin embargo, el Personero cuestionó la postura que ha asumido la comunidad allí asentada, al restringir el ingreso de la Fuerza Pública al espacio humanitario, ocasionando un incumplimiento de parte de las autoridades en preservar la seguridad de los que habitan este sector, ordenada por la CIDH.
“Una situación inconstitucional y reprochable desde todo punto de vista, porque para la Policía y la Armada no puede haber sitio vedado en un territorio, y menos por la comunidad a la que se le va a brindar garantías de protección, es como si este espacio humanitario fuera una zona de distensión para las autoridades”, dijo el Personero.
El funcionario manifestó que, no entiende cómo los habitantes de este sector pretenden sentirse protegidos si no permiten que las autoridades competentes hagan su trabajo, con el argumento que, “se sienten seguros sin que haya presencia de uniformados de Policía y Armada, ni grupos al margen de la ley”.
Para la Personería, el requerimiento hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe ir más allá de un cumplimiento legal, pues considera que se debe reevaluar la situación de Buenaventura frente a la presencia de estos grupos ilegales, porque la disposición se focaliza en un sector de la ciudad y desconoce que a su alrededor sigue cometiéndose homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos víctimizantes.