Redacción
De Rosita Solís se ha dicho de todo. Que es una mujer valiente que logró reivindicar los derechos de las comunidades negras, que gracias a ella el movimiento social afrocolombiano logró visibilizarse, que es una defensora del medioambiente. Pero también que detrás de su activismo se esconden intereses personales o que es un brazo político del polémico exsenador Juan Carlos Martínez. Sin embargo, en lo que todos coinciden, es que ella se ha convertido en el ‘palo en la rueda’ de las grandes obras de infraestructura del Pacífico.
De hecho, Rosita ha sido protagonista en al menos 12 consultas previas de obras tan importantes como el puerto de agua dulce para Buenaventura, el corredor férreo o la construcción de la red alterna de energía para esa ciudad. Incluso la doble calzada Buga-Buenaventura sigue estancada, entre otras cosas, por falta de licencias ambientales en algunos tramos, ya que las consultas previas con comunidades que ella asesora siguen empantanadas.
Aunque Rosita es una figura regional, su debut nacional ocurrió en 2012, cuando, al escoger una tutela liderada por esta mujer, la Corte Constitucional ordenó suspender las obras de la doble calzada Buga-Buenaventura hasta que el proyecto fuera consultado con las comunidades indígenas y afrodescendientes. Lo sorprendente es que en el sector en discusión no había asentamientos de comunidades negras.
Funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que actualmente se reúnen con Rosita para evacuar las consultas pendientes de la doble calzada, la consideran “un verdadero dolor de cabeza”. Dicen que las reuniones con ella duran en promedio 12 horas, por una sencilla razón: “Su estrategia consiste en criticar todo y oponerse a todo para dilatar el tema; o hace que se repitan asuntos ya abordados y al final siempre reclama compensaciones millonarias”.
¿Quién es este personaje tan particular que algunos admiran y otros odian? Rosita Solís nació en Guapí (Cauca), pero creció en Buenaventura. A sus 62 años es viuda dos veces, pensionada del Magisterio y tiene más títulos y asiento en juntas directivas que un gobernador.
Su activismo comenzó en 1993 con la aprobación de la Ley 70 que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras. Se volvió experta en el tema y, gracias a los estudios que tiene de historiadora, maestrías y especializaciones en Educación para Adultos, gerencia en Bellas Artes y Educación Ambiental, se convirtió en líder de las titulaciones colectivas veredales en Buenaventura. Desde entonces se fue ganando el respeto de varios consejos comunitarios de la región, lo que le permitió asegurar sillas de vocería del Valle en las juntas de entidades como la Corporación Ambiental del Valle (CVC) o Incoder.
Pero de la misma manera como creció su reconocimiento, también lo han hecho las acusaciones en torno a supuestos manejos turbios de recursos, tráfico de influencias y apetito burocrático. Rosita es una líder con tanto poder, que desde varios ministerios reconocen que es capaz de frenar megaproyectos. Incluso, la señalan de paralizar obras por simple capricho o para incrementar los costos de las mismas.
Quienes la conocen explican que su manera de actuar es simple. Primero, se entera del proyecto que se va a ejecutar y luego se toma la vocería de las comunidades que afectará dicha obra. Cuando entra en acción recurre a dos tácticas: por un lado obliga a que durante los estudios de consulta se contraten técnicos y profesionales recomendados por ella o las mismas comunidades. Y por el otro, no escatima en gastos para ella viaticar o sus delegados, costos que muchas veces debe asumir el Estado. A Rosita la han acusado de usar su posición para repartir tierras del Incoder a comunidades amigas, de cobrar millonarios ‘peajes’ para dar su visto bueno a las obras y hasta de quedarse con una parte de los recursos que son de las comunidades.
Ante esos señalamientos ella se defiende argumentando que si tuviera todo el dinero que le endilgan, no viviría en la misma casita de toda la vida. “Nunca me he apropiado de dineros. Lo que me pagaron en las dos únicas consultas que participé, corresponde a apoyos técnicos y logísticos para el pago de profesionales, transporte y alimentación”, le dijo Rosita a SEMANA. Incluso, para ella, sus detractores la acusan por ignorancia, “me critican porque exijo que en el comité de consulta de las comunidades se destinen recursos para contratar a profesionales y podamos hablar al mismo nivel de los delegados del gobierno”.
Lo malo es que esa férrea representación de las comunidades afro, tanto en entidades públicas como al frente de las consultas, ya supera una década y no ha permitido el ascenso de nuevos dirigentes. Los propios líderes de otros consejos comunitarios la ven como una piedra en el zapato y le hacen denuncias de grueso calibre como clientelista y corrupta. “Para las comunidades negras Rosita es un factor negativo y divisorio”, explicó Silvano Caicedo, líder palenquero en Buenaventura. Otras comunidades prefieren no hablar de ella por temor.
En el Valle no le perdonan que mientras otras organizaciones como Procesos Comunidades Negras (PCN), luchan por unificar los consejos, ella los atomizó. “Deberíamos ser solo nueve consejos comunitarios, pero somos 46, algunos formados por apenas 12 familias que tienen igual poder de decisión que otro consejo con cientos de hogares”, explicó otro dirigente que pidió omitir su nombre.
Rosita trivializa esos señalamientos: “Me ven como una amenaza, ya que tengo mi propia organización y ellos quieren ser los únicos con interlocución ante el gobierno”. La verdad es que en esa materia Rosita se mueve como pez en el agua; de hecho le critican que aprovecha esa habilidad para hacerse escuchar en el alto gobierno para enterarse de los proyectos que se harán en su región y apropiarse de la vocería.
Los rumores en torno a su presunta relación con el exsenador Martínez no le preocupan porque cree que surgieron debido a que muchas de las comunidades que ella asesora votaron por él y sus señalados como cualquier otro candidato, “no he tenido ni compromisos económicos ni acuerdos políticos con él”. Y remata diciendo que a raíz de todo ello “tengo demasiadas acusaciones injustas y serios problemas de seguridad”.
Lo cierto por ahora es que Rosita Solís es la mujer negra más poderosa del Pacífico vallecaucano. Su nombre debe ser tenido en cuenta por todo aquel que desee realizar un megaproyecto que requiera ser consultado con las comunidades, de lo contrario, la obra difícilmente se hará. Lo triste es que toda su influencia y poder, poco se ve en los pueblos que dice representar.
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