Redacción
El Gobierno sancionó la ley que autoriza la práctica sin costo de este procedimiento.
Así lo informó la Casa de Nariño a través de un comunicado. La Ley 1412, del 19 de octubre de 2010, señala que «el Sistema de Seguridad Social en Salud será el encargado de cubrir estas prácticas quirúrgicas a todos los sectores de la población que lo soliciten».
Quienes deseen practicarse alguno de esos procedimientos(‘¿Qué es la vasectomía?’ – ‘¿Qué es la ligadura de trompas?’) como método planificación familiar, deberán pasar la solicitud por escrito a la Institución Prestadora de Salud (IPS) pública o privada donde se vaya a realizar el procedimiento.
«Los médicos que realicen el procedimiento están en la obligación de informar a los pacientes sobre la naturaleza, implicaciones, beneficios y efectos sobre la salud, así como las alternativas de utilización de otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos», señaló la información divulgada por la Presidencia este viernes (Conozca acá más métodos anticonceptivos).
El procedimiento también cubrirá a quienes no estén afiliados a ninguno de los regimenes de salud existentes (contributivo o subsidiado).
En esos casos, según el Gobierno, las IPS «realizarán los recobros a la subcuenta de prevención y promoción del Fosyga».
De acuerdo con lo establecido en la norma, el procedimiento no se podrá realizar a menores de edad. Y si la persona tiene algún tipo de discapacidad mental, deberá tener autorización judicial y la solicitud y el consentimiento tendrá que hacerlo su representante legal.
Había sido objetado
El proyecto que le da gratuidad a estos métodos de planificación familiar había sido objetado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2009.
Argumentó para eso vicios constitucionales y de inconveniencia.
El Ministerio de Hacienda aseguró en su momento que realizar gratuitamente esos procedimientos para quienes no están afiliados ni al régimen subsidiado ni al contributivo, le generaría un cuantioso sobrecosto al Estado, cifrado en 399 mil 617 millones de pesos.
Como el Congreso de la República no aceptó esas objeciones, la iniciativa pasó a estudio de la Corte Constitucional, que le dio el visto bueno y no aceptó los argumentos dados en su momento por el ejecutivo.