Paro indefinido de las madres comunitarias de Buenaventura

Cristina Plazas Michelsen, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentó una incidente de nulidad para evitar el pago de pensión a las mujeres que se han desempeñado como madres comunitarias los últimos 30 años. No hay debate de derechos: para el ICBF es un asunto de plata ya que calcula que eso le podría costar 1,4 billones de pesos y la institución podría quebrar (algo imposible para una institución).

No piensa igual Leonila Murillo que, a sus 81 años, protesta desde esta mañana en la sede del ICBF en Buenaventura, un a de las ciudades más empobrecidas del país. “Cristina debe entender que nos debe pensionar y que sea un hecho el derecho laboral de las madres comunitarias”. La sentencia de la Corte, conocida en 2016, respondía a una tutela presentada por 106 mujeres que deberían tener acceso a la pensión. Había… porque dos han muerto esperando ver sus derechos cumplidos. Quedan 104. Lo que no quiere el ICBF es reconocer a esas 106 mujeres porque si no debería pagar a todas las mujeres en similar condición la pensión desde 1988, unas 70.000. La Corte consideró el ICBF estaba incurriendo con esas mujeres en “un trato discriminatorio de género (…) peses a la existencia de la garantía constitucional de prohibición de discriminación de género en el trabajo”.

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Leonila no está sola. Unas 150 mujeres, de las 1.200 madres comunitarias que trabajan en la ciudad, han bloqueado la entrada a la sede local del ICBF siguiendo el paro nacional convocado por el Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de las Infancia y la Adolescencia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi).

El paro, respaldado por la CUT, busca convencer a la Corte Constitucional de que se mantenga firme en la revisión de la sentencia sobre las pensiones de estas mujeres que comenzó este miércoles 22 de marzo. Además, en la protesta también se reclama por la decisión del presidente de la República de vetar la ley 170 que materializaba la formalización de las 63 mil madres comunitarias como empleadas del Estado.

En Buenaventura no sólo se está viendo a mujeres como Leonila en la calle, protestando y dispuestas a pasar la noche en la calle, sino que se ha comprobado cómo el nuevo Código de Policía se puede utilizar para “vulnerar el derecho a la protesta”, como denunciaba José Luis Rojas, un líder social de Buenaventura que acompaña hoy a las madres. “La Policía no ha dejado instalar dos carpas para que estas mujeres se protejan de la lluvia porque dicen que el nuevo Código no lo permite sin un permiso. Ni siquiera están en la vía pública”.

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Rojas cree que “es vergonzoso que se trate así a unas mujeres que han dado su vida para educar a miles de niños y niñas. A ellas se les niega la pensión, a los niños se les da mala alimentación… a una madre comunitaria le envían 3 libras de arroz para 12 niños que le debe durar una semana”.

Las madres comunitarias reciben un salario mínimo pero no son empleadas del ICBF. Además, desde el 2014, ya se les reconoce una pensión mínima, pero ésta no cobija a las mujeres que tenían la edad para acceder a ese derecho antes de dicha fecha.

Sintracihobi amenaza con que si el ICBF no desiste en pedir la nulidad de la sentencia del Constitucional, las madres se irán a un paro indefinido.

 

 

Fuente: Colombia Plural