Estado, desajuste estructural y otras debacles, el caso de Buenaventura

El estado moderno se ha configurado como la principal forma de organización política en la historia reciente de la humanidad, cuyo complejo proceso de consolidación comprende una elaboración histórica de larga duración. El megaproyecto de la colonización imperial se constituyó, quizás, en la principal forma de expansión de este modelo de organización política a escala global, no sólo porque la institución colonial periférica adoptó mecanismos políticos y burocráticos funcionales a los Estados del centro, sino, también, porque de las bases institucionales impuestas por el colonialismo emergieron los Estados-nacionales del mundo periférico, inspirados en los principios filosóficos y en las estructuras organizacionales de los sistemas políticos del viejo mundo.

El proceso de consolidación del sistema político/institucional estatal en Colombia no ha sido un contrato social incluyente, fundado en el diálogo político constructivo y en la distribución equitativa del poder en todos los segmentos de la sociedad; hemos debido pasar por 9 guerras civiles generales, 14 guerras civiles locales, matanzas bipartidistas organizadas, guerras de guerrillas prolongadas, paramilitarización institucionalizada, bandolerismo delincuencial generalizado, aristocracias retardatarias y mafias estructuralmente organizadas, que han moldeado la realidad pasada y presente de “la democracia más sólida de la región”. Con todo, llegamos a la Constitución Política de 1991, nos definimos como una sociedad afincada en valores democráticos y nos erigimos como Estado Social garantista de derechos. No obstante, la existencia de los aspectos que dan vida espacial, jurídica y política al Estado no garantizan de facto su efectividad en tanto asociación política legítima. Por el contrario, en Colombia esto es una mera formalidad detrás de la cual en encubren lógicas y prácticas de represión, exclusión y marginalidad que socavan la conciencia de una humanidad libre de la crueldad y la servidumbre.

El Litoral Pacífico, y Buenaventura en particular, constituyen una evidencia fehaciente del proceder del Estado (en todos sus niveles) acompañado de lógicas de exclusión y prácticas de desposesión, bandidaje y muerte. La exclusión estructural es una derivación del racismo institucional que ha configurado unas jerarquías socioraciales/espaciales conforme a las cuales se construyen, mediante la actuación del Estado, territorios con calidad de vida y territorios empobrecidos, en otros términos, las intervenciones gubernamentales moldean espacios de vida, al tiempo que moldean espacios de miseria y muerte.

Es así como se explican las escandalosas disparidades entre las condiciones de calidad de vida y bienestar social de Buenaventura y la nación: la pobreza en (desven)tura es 50 puntos porcentuales mayor al promedio nacional (80% frente al 28%, respectivamente); la tasa de desempleo es 30 puntos porcentuales superior a la nacional (40% frente al 10%, respectivamente); la cobertura de acueducto es apenas la mitad del promedio nacional (45% frente al 84%, respectivamente), y así pudiésemos señalar muchos indicadores que bien justifican el paro cívico que hoy los hijos de esta tierra promueven para el 16 de mayo próximo, como una apuesta de dignidad ante el suplico padecido por las promesas nunca cumplidas del gobierno nacional.

Pero el proceder excluyente y victimario del Estado ha ido más allá de “dejar morir” a la gente de esta tierra (en medio de la guerra, del desarrollo portuario y del abandono estatal) al no activar de manera efectiva su capacidad (si en realidad la tiene) garantista, de protección y salvaguarda de derechos, pues su papel está altamente comprometido en el accionar cruento de los grupos armados ilegales que han operado -y siguen operando- en la zona; con los despojos territoriales propiciados por agentes desarrollistas que profundizan el enclave portuario (las comunas 5 y 6, entre otras, son teatros del despojo en Buenaventura); con los cárteles delincuenciales que ejercen el control monopólico de productos alimenticios claves de la canasta familiar, elevando sustancialmente sus precios; con la mafia organizada (que es traqueta y política al tiempo) que ha asaltado y saqueado la institucionalidad regional y local.

No es un administrador de la vida el Estado en Buenaventura, no, no puede administrar la vida en una población de medio millón de habitantes que cuenta tan sólo con un hospital agónico de primer nivel, de una ciudad carente de equipamientos urbanos básicos, de infraestructura educativa de calidad, de programas generadores de empleo, de liderazgo institucional en la gestión pública de la vida social, carente, en últimas, de inversión gubernamental estructural que transforme sustancialmente las precarias condiciones de vida de la gente. Por el contrario, el Estado se ha constituido en administrador del despojo y del destierro prolongado (en una ciudad donde más del 30% de su población es desplazada de manera forzosa y no avizoran soluciones duraderas); es el Estado administrador de la muerte y la barbarie (entre 1985 y 2014 se ha presentado un promedio anual de 231 homicidios y 33 desapariciones forzadas); administrador del empobrecimiento, de la miseria y la exclusión; pero es también el administrador de la riqueza que produce el territorio que más plata le genera al país: Buenaventura.

 

 

Fuente: Colombia Plural

Hamington Valencia Viveros

Sociólogo y Activista

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