“Los guerrilleros que incumplan no deberían hacer política”: Carlos Galán

El punto más polémico del inicio de la conciliación tuvo que ver con una propuesta de Carlos Fernando Galán que contaba con el aval del Gobierno. El senador de Cambio Radical considera que hay que condicionar la posibilidad de que los miembros de las FARC participen en política a al cumplimiento de sus compromisos con la justicia y con las víctimas.

La proposición fue rechazada por las FARC y algunos senadores como Roy Barreras, del Partido de la U. Y finalmente no quedó incluida en el Acto Legislativo que aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz. Semana.com habló con Galán sobre el tema.

Se le pregunta al Senador Galán sobre la proposición y contestó lo siguiente: Hoy quienes incumplan el acuerdo de paz no salen de la JEP. Es decir, no van a la justicia ordinaria por ese incumplimiento. La JEP tiene algunas condiciones como que cuenten la verdad en el marco del conflicto o que reparen a las víctimas de los delitos. Esa Jurisdicción de Paz puede sancionarlos con cárcel, por ejemplo, pero no puede inhabilitarlos políticamente. Entonces, mi propuesta era que también los inhabilite. Esto no fue aprobado y yo lo considero un error. Además porque en la justicia ordinaria ellos estaban condenados ya por delitos graves que dan inhabilidad. Entonces, con el Acuerdo de Paz y con la JEP lo que sucedió es que los habilitamos para hacer política.

Las FARC pegaron el grito en el cielo; manifestaron que eso era un incumplimiento en el acuerdo de paz porque no estaba en el texto. Pero yo digo que es relativo, pues si bien hay un numeral en el acuerdo de paz que dice que la JEP no va a generar sanciones que inhabiliten políticamente, lo contrario dicen los principios fundamentales del acuerdo, que todo está condicionado dentro del otorgamiento de beneficios que para mí incluyen el de poder hacer política al cumplimento de la verdad, reparación, y el Gobierno prefirió no tener ese choque con las FARC. Sin embargo, queda un boquete y mina la garantía del acceso a la verdad para las víctimas.

Fuente: Semana