160 familias llegarían a Buenaventura desplazadas del Rio Naya

Desplazamientos, confinamiento y grave riesgo para pobladores del Consejo Comunitario del Río Naya.

La delicada situación humanitaria y de violación de Derechos Humanos que padecen los pobladores del Consejo Comunitario del Río Naya desde el pasado mes de abril día a día se está agudizando.

Hoy martes 22 de mayo en horas de la mañana pobladores de la comunidad negra de La Concepción portando banderas blancas se acercaron hasta el lugar donde se encontraba un grupo armado al parecer una disidencias de las FARC, vestidos de camuflado, armas largas, exigiéndoles retirarse del lugar para evitar ser víctimas de confrontaciones armadas y declarados blanco militares por las fuerzas militares. Los efectivos irregulares se retiraron del lugar.

En horas de la tarde, fue trasladado hasta la comunidad de La Concepción el cuerpo sin vida de una persona de la que se desconoce su identidad.

Hoy se confirmó de presencia militar desde las bocanas hasta la comunidad de San Francisco, ocupando en algunos casos bienes de los civiles.

En medio de la persistente tensión, ayer, lunes 21 de mayo, en horas de la mañana pobladores del sector de La Concepción escucharon disparos se estima producidos en el sitio conocido como El Saltillo, sobre la vía que conduce del Bajo Naya al Alto Naya.

Horas después hombres irregulares armados se ubicaron cerca de la comunidad de La Concepción. La población se vio obligada a permanecer en sus viviendas.

El sábado 19 de mayo, en horas de la mañana en Puerto Merizalde, Naya, cuando se realizaba la asamblea regional por la vida, unidades de la infantería de marina se ubicaron dentro del caserío y alrededor del templo católico donde se desarrollaba la manifestación comunitaria.

Este tipo de operación que irrespeta las normas del Derecho Humanitario se han realizado con toma de viviendas civiles.

El viernes 11 y sábado 12 de mayo, en desarrollo del recorrido humanitario por el Bajo Naya se constató la presencia de unidades de la infantería de marina en varios lugares del Río, sector de Puerto Merizalde, sector de la Comunidad de El Carmen y Santa María y el sector de la comunidad de San Francisco.

De particular preocupación fue la ocupación de bienes civiles como escuelas y viviendas de la comunidad negra de El Carmen. Una situación similar se produce en la comunidad de San Francisco.

La semana pasada, el martes 15 de mayo, a las 3.00 p.m., cuatro personas de civil que se movilizaban en una embarcación de la infantería de marina, tipo piraña, armados con pistola llegaron hasta la vivienda del concejal del Municipio de López, Micay Elmer Valencia en la comunidad de Primavera.

Luego de tocar la puerta gritaron: “vamos a contar hasta tres y si no abre derribamos la puerta”.

Ante la amenaza quienes se encontraban en la vivienda Mary Zuley Angulo, esposa del concejal, con su hija de ocho meses, y Jarlein Angulo abrieron la puerta.

A todos les tomaron la huella con un equipo digital y les solicitaron su cédula, luego se retiraron sin presentarse ni dar explicación alguna.

Según pobladores este mismo procedimiento lo hicieron con otras personas en el sector de Puerto Merizalde. Hay temor de que se trate de procesos de judicialización.

A pesar de la exigencia de intervención del gobierno, la única respuesta ha sido la militar con infracciones al derecho humanitario.

El grupo criminal al servicio del narcotráfico, presuntamente responsable de las desapariciones de Obdulio, Hermes, y Simeón Angulo (17 de abril) y de Iber Angulo (5 de mayo) continúa operando en la parte baja del río Naya muy cerca de lugares de movilidad de las Fuerzas Regulares.

La militarización existente desde la bocana hasta San Francisco, la operación del grupo criminal en la parte baja y la disidencia de la guerrilla de las FARC que estaría controlando la región del alto Naya, está dejando en alto riesgo a la población. El Consejo Comunitario reabrió dos Espacios de Refugio en San Francisco y La Concepción.

La población afrocolombiana desplazada en Buenaventura, 17 familias, continúa sin atención. La situación de zozobra y confinamiento dentro del territorio colectivo carece de respuesta gubernamental.

A pesar de reuniones de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, no hay respuesta ni acción eficaz por parte de la administración.