Foto: Jair Beltrán, alcalde de Puerto Carreño. Facebook Alcaldía de Puerto Carreño.
El pasado 31 de octubre la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Puerto Carreño (Vichada), Jair Beltrán, por posibles sobrecostos en un contrato para la adquisición de mercados durante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19.
La investigación también cobija a Katty Yánez González, secretaria de Desarrollo Social y Keiner Fabián Elaica, almacenista del municipio.
El contrato que está bajo la lupa es el 121 de 2020, firmado el 27 de marzo entre la Alcaldía de Puerto Carreño y una empresa llamada ‘Multiservicios JYN S.A.S’, por un valor de $148.399.284, destinado a la adquisición de kits de asistencia nutricional para la población vulnerable del casco urbano y zona rural de la capital de Vichada, afectada por la emergencia decretada por la propagación del nuevo coronavirus.
Esto le permitió a la administración municipal adquirir 1.356 mercados compuestos por 16 productos de la canasta básica familiar, más una lona de empaque. Los productos son los relacionados en la Tabla 1.
En una operación matemática rápida se puede deducir que la Alcaldía pagó $109.439 por cada uno de los mercados que entregó.
Con la apertura de la investigación lo que busca establecer el ente de control es “si en el contrato se «incurrió en sobrecostos y en caso positivo, señalar el valor del mismo y cuántos mercados o kits alimentarios se habrían podido comprar con la diferencia encontrada»”.
Un mes después de suscrito el contrato 121 de 2020, la Contraloría General de la República estableció, inicialmente, que habría un presunto sobrecosto es del 15%, razón por la cual es materia de investigación.
Consultado sobre el tema, el alcalde Beltrán aseguró que los precios estaban acorde con la realidad económica generada por la pandemia: «muchos de los productos se aumentaron en la canasta familiar. Eso para nosotros está en materia de investigación y al día de hoy no nos han definido si hay un sobrecosto o no». No obstante, comerciantes consultados para este reportaje dijeron que, aunque en esa época sí hubo escasez de algunos productos, los precios nunca subieron.
Un año y medio después de haberse adquirido los mercados, EL MORICHAL visitó algunos de los supermercados de Puerto Carreño y encontró que muchos de los productos del contrato tienen un costo muy superior a los del mercado.
Por ejemplo, el kilo de arroz se puede conseguir actualmente en $2.600, pero la Alcaldía pagó por ese producto $6.800, una diferencia de 4.200 pesos. En los 5.424 kilos que se compraron para repartir entre los 1.356 mercados, representa un sobrecosto de $22.780.800.
Algo similar ocurre con el café. La administración municipal pagó cada libra a 14.087 pesos, pero en los supermercados se puede conseguir en $10.000 y $11.000 aproximadamente.
Comprando en Puerto Carreño los mismos productos y sus cantidades, cada mercado saldría en $73.900, una diferencia menor de $34.606 frente a los $109.439 pagados por la Alcaldía.
Aunque la cifra parece menor, multiplicada por el número de mercados entregados, la diferencia frente al contrato sería de $48.190.884. Respondiendo la inquietud de la Procuraduría, con ese dinero se habrían podido comprar 651 mercados exactamente iguales. (Ver tabla 2.)
Para el alcalde, el incremento se justifica “porque aquí para pagarle a la persona que suministra los elementos, más o menos hay que pagarle un 14% o 15% de las estampillas de retenciones, que se le descuenta. Sumado a eso usted sabe que también la persona que suministra debe tener una ganancia, nadie contrata algo para venderlo igual al mismo precio, pues ahí también va el incremento a la ganancia”.
Si los mercados hubiesen sido comprados en un supermercado local, habrían costado $100.208.400. Sobre ese valor, el 15% de impuestos sería de $15.031.260, para un total de $115.239.600. En comparación con los $148.399.284 que pagó la Alcaldía, al contratista le habrían quedado $33.159.684, un margen de ganancia del 22.4% aproximadamente.
¿Cuál fue el método de escogencia del contratista?, ¿De qué manera la Alcaldía estableció los precios estipulados en el contrato?, ¿Porque no se contrató con un almacén o supermercado directamente? EL MORICHAL buscó ante Beltrán respuesta a estos interrogantes, pero, al cierre de esta edición, el viernes 19 de noviembre, no obtuvimos sus comentarios.
Dudas con el contratista
El contrato 121 del 27 de marzo 2020 de la Alcaldía de Puerto Carreño se realizó bajo la modalidad de contratación directa porque el gobierno nacional decretó el 17 marzo el Estado de Emergencia, medida que, entre otras cosas, abrevia los procedimientos de contratación.
La empresa escogida para comprar los mercados fue ‘Multiservicios JYN S.A.S’. Según registros de la Cámara de Comercio, hasta el 17 de marzo de 2020 su actividad principal era el comercio de artículos de uso doméstico, de limpieza, bicicletas, entre otros; actividad que reemplazó ese mismo día por servicios de alquiler y arrendamiento. EL MORICHAL se comunicó con Luis Carlos Melo, representante legal de la empresa al momento de la firma del contrato, para conocer si ‘Multiservicios JYN S.A.S’ tenía experiencia en el comercio de alimentos, pero, aunque prometió referirse al caso, al cierre de esta nota no fue posible obtener su declaración. También buscamos la sede de la empresa en la dirección que registra en la Cámara de Comercio de Villavicencio, pero no logramos ubicarla; en el barrio Mateo, donde dice estar, nadie los conoce.
Entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 la empresa cambió al menos nueve veces sus actividades económicas secundarias o adicionales, lo que le habría dado la oportunidad de ofrecer servicios como catering para eventos, vender al por menor sistemas de seguridad, servicios de publicidad, comercio al por mayor de abonos, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario, la organización, promoción o gestión de acontecimientos tales como exposiciones empresariales o comerciales, la construcción, conservación y reparación de instalaciones industriales, la aplicación en edificios y proyectos de construcción, de yeso y estuco para interiores y exteriores, servicios medicalizados profesionales a domicilio o el transporte de pacientes en cualquier tipo de ambulancia, entre otros.
Esto le ha permitido a ‘Multiservicios JYN S.A.S’ tener diferentes campos de acción con la Alcaldía de Puerto Carreño.
Un caso particular ocurrió el 30 de agosto pasado cuando la empresa registró un cambio de actividad económica, adicionando a sus servicios la producción para el público en general de conciertos o espectáculos musicales. Tres días después, el 2 de septiembre de 2021, la Alcaldía de Puerto Carreño aceptó su oferta para la “Realización de actividades culturales enmarcadas en la celebración del XIX Festival Internacional de Música Llanera “El Bocachico De Oro””, que tuvo lugar en la inspección de Casuarito entre el 3 y 5 de septiembre, por un valor de $ 20.535.000.
La empresa también ejecutó dos contratos de adecuación y mantenimiento con la administración de Jair Beltrán. Uno para intervenir las instalaciones del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER), por $24,045,295; y otro para mejoras en las instalaciones del adulto mayor Centro Vida, por $36.494.561. Ambos contratos fueron firmados el 4 de mayo de 2020.
Actualmente la actividad económica principal de ‘Multiservicios JYN S.A.S’ sí es el comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco.
Otros líos del alcalde Beltrán
Por presuntas irregularidades ocurridas en años anteriores en el Instituto del Deporte y la Recreación de Vichada (IDER), cuando Beltrán era el director de esa entidad, la Contraloría Departamental interpuso una medida cautelar a través de la cual, desde finales del año pasado, le embargaron el salario que recibe como alcalde de Puerto Carreño, medida que se mantiene firme hasta el momento.
En noviembre de 2020 el contralor Rosendo Rey, explicó a EL MORICHAL que “la situación que se generó, que es motivo de investigación, es un faltante en la cuenta bancaria por $308 millones en dos períodos, dos vigencias fiscales (2016 y 2017)”.
Consultado a mediados de este mes, Rey explicó que aún no se ha proferido una decisión de fondo respecto al caso. “Todavía está en investigación el proceso, en el área de responsabilidad fiscal de la Contraloría Departamental. Esperamos que en los próximos meses se tome una decisión de primera instancia”, precisó.