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‘70% de los CEO en Colombia cree que mejorarán los ingresos’ | Economía

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‘70% de los CEO en Colombia cree que mejorarán los ingresos’ | Economía

Cada año PwC presenta su encuesta Global de Presidentes, y ayer entregó el CEO Survey 2021, un sondeo en el que participaron 82 líderes empresariales en el país y 5.000 a nivel global.

(Lea: ¿Quién es David Vélez, el colombiano que ingresó a la lista Forbes?)

Cuando se le consultó a los empresarios, en medio de la pandemia, si para el próximo año consideran que la economía mundial mejorará, 76% de los CEO globales respondió afirmativamente, el mismo porcentaje para Colombia y 77% para Latinoamérica.

Además, la encuesta destacó algunas de las preocupaciones de los empresarios, donde a nivel global prima la crisis sanitaria, pero en Colombia son la inestabilidad social y el crecimiento económico los principales temas.

Carlos Mario Lafaurie, presidente de PwC para Colombia explicó algunos de los resultados de la encuesta y en qué se diferencia la perspectiva nacional a la de los empresarios globales.

Un punto clave de la encuesta es el optimismo de los empresarios, ¿por qué se da esto?
Es importante tener presente que la muestra en Colombia se recogió entre el 5 de enero y el 12 de febrero de este año, han pasado cosas complicadas después de esto, que no están recogidas en las percepciones.

Pero realmente, ese optimismo proviene de que el año pasado fue muy complicado, se apagó la economía para luchar contra la pandemia, y cuando a finales de año llegó la noticia de las vacunas, y con la posibilidad de reabrir, se dio un rebote, y seguramente la economía se va a recuperar.

¿Cuáles prioridades citan los empresarios del país?

Si miramos, uno de los temas es el empleo. Colombia cerró el año pasado con un desempleo de 16%, y en las últimas décadas bajar el desempleo a un dígito ha sido el trabajo de varios años. Pero todo esto que viene va a llevar a que se mueva la economía, y por ende, a generar empleo.

Otro punto es la eficacia del sistema tributario, el nuestro no es eficaz, porque no es suficiente para generar los recursos que el país necesita para financiar los gastos del Estado.

Cuando nos comparamos con la media de la Ocde y de Latinoamérica estamos lejos. Necesitamos una regulación que no sea objeto de modificaciones todos los años, una verdadera política de Estado.

La expectativa de los ingresos es una especie de termómetro empresarial, ¿cómo está esto?

Eso es parte del optimismo. Al comparar la expectativa de Colombia con la de Latinoamérica está prácticamente alineada, ya que el 70% de los CEO encuestados en el país creen que van a mejorar los ingresos en los próximos 12 meses, y a nivel global 74% de los CEO entrevistados creen que van a mejorar los ingresos.

En rentabilidad es más el parecido de Colombia y Latinoamérica, pero no con lo global. A nivel regional y en el país, la mitad de los presidentes de las compañías cree que se va a mejorar su rentabilidad en los próximos doce meses, mientras que si nos vamos a lo global es 65%, dos terceras partes.
¿Cuáles son las principales preocupaciones?

En 2020, en el survey que se hizo con respuestas que se tomaron en 2019, para 89% de los CEO el primer tema era incertidumbre política, seguido por crecimiento económico incierto, inestabilidad social e impacto de la carga tributaria, pero en 2021, la inestabilidad social pasó a ocupar el primer puesto, y de un nivel de 84% a 96%, y eso sin que hubieran pasado siquiera los bloqueos. Era algo que mostraba hacia donde iban las cosas.

Se mantuvo en segundo lugar el crecimiento económico incierto, pero más contundente, incrementó del 86% a 94%; la carga e incertidumbre tributaria se incrementaron en porcentaje y posición, pasaron a un tercer lugar del 84% a 94%, y en ese momento no se había presentado la reforma, pero se sabía que venía.

Otro tema que ha tomado fuerza, como la transformación digital, es la ciberseguridad, el cuidado con la información y las transacciones.

La preocupación de los CEO colombianos era solo 54% en 2017, y pasó en 2020 a 69% y en 2021 a 87%.

¿Y a nivel global?

Se dieron cambios interesantes, cuando se les preguntó en 2019, una crisis global de salud y una pandemia no estaba allí, pero al indagárseles en 2020 sí, y es el primer lugar, y en segunda posición están las ciberamenazas, que el año anterior estaba como cuarto punto de preocupación, y otro elemento que escaló desde el puesto 20 en el 2020 fue la desinformación, que aparece en el puesto número 9.

¿Cómo ven el cambio en los planes de inversión de los empresarios?

Entre las cosas en que van a invertir las compañías en primer lugar está todo el tema de tecnología, la transformación digital, asuntos como la ciberseguridad, y los CEO dicen que también se debe invertir en innovación y desarrollo. Otro punto clave que ha mencionado la mayoría son iniciativas para ser eficientes en los costos.

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Presidenta de Acolgen habla sobre subasta de contratos de largo plazo | Infraestructura | Economía

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Esperamos que la subasta de contratos de largo plazo sea exitosa y permita seguir diversificando nuestra matriz, cumpliendo con los compromisos de mitigación en el lucha contra el cambio climático y esperando que nuestras empresas tengan un rol protagónico en el concurso público del Ministerio de Minas y Energía“.

La afirmación es de Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y quien en diálogo con Portafolio subrayó que la electrificación y descarbonización que la transición energética requiere, implica necesariamente la penetración cada vez mayor de fuentes de generación de bajas emisiones, para todas las tecnologías, convencionales y no convencionales, como las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH).

¿Cuál es la expectativa por la próxima subasta de contratos de largo plazo?

Esperamos que la subasta sea exitosa y permita seguir diversificando nuestra matriz, cumpliendo con los compromisos de mitigación en el lucha contra el cambio climático y esperando que nuestras empresas tengan un rol protagónico en el concurso público. Un tema prioritario que está relacionado con este tema debe seguir siendo la entrada en operación de los proyectos que ya fueron contratados tanto en la subasta del 2019, como en el Cargo por Confiabilidad, siendo así herramientas efectivas dentro de la reactivación económica.

¿Cuál es la opinión con respecto a esta subasta?

Hay que revisar, para futuras oportunidades, si este mecanismo de subastas exclusivas es el más adecuado o si se sigue garantizando, como hasta ahora, la libre competencia entre tecnologías, ya que todas se encuentran en precios de mercado competitivos, lo que se puede traducir en beneficios para el consumidor final en eficiencia y en precios.

¿Es necesaria la entrada de más proyectos renovables a la matriz?

La electrificación y descarbonización que la transición energética requieren, implica necesariamente la penetración cada vez mayor de fuentes de generación de bajas emisiones para suplir los crecientes incrementos de demanda que provendrán de la electrificación del transporte y la electrificación de los usos industriales. No obstante, la penetración de nuevas tecnologías en el sistema debe ser armónica con el marco legal y regulatorio existente, manteniendo los principios de mercado sobre los cuales el sector se ha construido.

¿Cuáles son las observaciones frente a la subasta?

Los mecanismos administrados, centralizados y diferenciados por tecnología deben ser temporales, entendiendo que distorsionan y segmentan el mercado, por un lado, y que las tecnologías renovables no convencionales han alcanzado paridad de costos con las convencionales, por el otro. Además, estas subastas deben partir de esquemas de mercado con neutralidad tecnológica y participación voluntaria, especialmente para los usuarios regulados.

¿Está garantizada la confiabilidad del sistema en generación en el 2022?

Según el balance ENFICC vs Demanda anual publicado por la UPME, el país estaría cubierto con suficiente energía firme para el 2022. Se presentó un pequeño déficit en el 2021 al compararlo con las proyecciones del 2019 las cuales fueron actualizadas debido a la pandemia y no hubo necesidad de expandir el sistema gracias a la caída de demanda que se sufrió. De todas maneras, para poder asegurar que el país cuente con energía firme hasta el 2026 se deberá dar el impulso necesario para que los proyectos que hoy en día se encuentran en desarrollo puedan cumplir con sus fechas de entrada y así el país pueda estar seguro que la energía que necesitará estará allí disponible.

¿Las PCH garantizarían la confiabilidad del sistema?

Todas las tecnologías tienen atributos que aportar en la transición energética. Las PCH se caracterizan por brindarle al sistema un servicio eléctrico de cero emisiones, dada su condición de renovable. Y el marco regulatorio que se ha construido para apoyarlas, han permitido el aprovechamiento a baja escala de una de las ventajas estratégicas más grandes de nuestro país, la abundancia del recurso hídrico para generación de electricidad.

Viene el congreso del gremio, ¿cuál será el aporte al sector?

El sector eléctrico es un conjunto de actividades que en los últimos años han estado en el centro de innovaciones, no sólo tecnológicas, sino también de nuevos modelos de negocios y servicios. Adicionalmente, por el contexto sostenible y ambiental, local e internacional, y el aporte que desde la transición energética puede hacer la industria eléctrica, estamos sujetos también a discusiones de índole política.

ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ
Periodista Portafolio

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Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

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Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

Una de las cartas con las que la nación se juega el futuro energético, para garantizar el autoabastecimiento de petróleo y gas, es la que busca fortalecer la reactivación de la operación hidrocarburífera del país, con la ‘Ronda Colombia 2021’.

El proceso, que es prácticamente el cuarto ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa), fue lanzado de manera oficial por el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Este proceso competitivo tiene la novedad del ofrecimiento de ocho áreas para evaluación técnica (TEA’s), de las cuales cuatro están ubicadas en el océano Pacífico, frente a las costas de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño; tres más, en tierra, en el departamento del Chocó, en tanto que una más se localiza también en el mar, pero en el golfo de Urabá”, señaló Armando Zamora, presidente de la ANH.

La oferta se complementa con 20 áreas de exploración y producción (E&P), en zonas ya maduras para crudo liviano, gas natural y crudo pesado. Así del total de bloques que se pondrán en vitrina, hay 10 áreas con potencial de gas, y las 18 restantes, para petróleo.

Además, se ofrecerán otras cuatro áreas libres, las cuales serán nominadas por las empresas petroleras interesadas en desarrollarlas.

Desde agosto de 2018 a la fecha se han firmado 35 contratos de exploración y producción de hidrocarburos, luego de cinco años sin firmar un solo convenio en el país, lo que le da más impulso a esta reactivación petrolera que es importante además para la redinamización económica”, recalcó el viceministro de Minas, Miguel Lotero.

Por su parte, Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, recalcó que, “en casi tres años el Gobierno Nacional a través del PPAA ha ofertado 67 bloques para E&P de petróleo y gas natural, lo que contribuirá al aumento de las reservas de hidrocarburos y mejorar la autosuficiencia energética de Colombia”.

Se atraerán al país inversiones adicionales y se generarán nuevas oportunidades de empleo para seguir cerrando brechas en las regiones

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Del total de los bloques que son ofertados por la ANH, cinco están en costa afuera (offshore) y 23 en áreas continentales (onshore), ubicadas en nueve cuencas: cuatro comerciales (Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena, Valle Superior del Magdalena y Llanos) y cinco fronteras (Urabá, Sinú – San Jacinto, Chocó Continental, Chocó Offshore y Tumaco Offshore), es decir, que han sido poco exploradas anteriormente.

Como país gozamos de condiciones contractuales atractivas, una prospectividad prometedora y un nuevo mapa de tierras con áreas predefinidas para que las compañías nominen sus propios bloques, sumado a una gran oferta por parte de la ANH”, recalcó Zamora.

El funcionario subrayó que, “además, contamos con un moderno modelo de asignación de áreas que busca incentivar la perforación exploratoria como camino para aumentar las reservas e incrementar la producción”.

Las condiciones están dadas para que los inversionistas aprovechen este amplio portafolio de oportunidades que ofrece la Ronda Colombia 2021

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Así mismo, en el concurso público se implementará nuevamente la tecnología blockchain en las audiencias para la postulación de ofertas y contraofertas, teniendo en cuenta el éxito que tuvo en el piloto ejecutado en el tercer ciclo. “Esta herramienta brindará mayor transparencia y confiabilidad en el proceso”, dijo Zamora.

Las áreas E&P que está ofreciendo la ANH cuentan con información disponible de sísmica y aspectos técnicos, sociales y ambientales. Además, para cada una de ellas se está adelantado un Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación-Territorio con el fin de facilitar un relacionamiento claro e informado entre autoridades, comunidades y empresas operadoras.

Esperamos que en la minuta definitiva se den señales importantes que agilicen los nuevos proyectos y permitan viabilizar nuevas inversiones. Colombia tiene un potencial muy grande de gas natural que podría incluso darnos reservas por más de 100 años. Pero para lograr aprovechar esa gran prospectividad se necesita apoyar e incentivar a la industria para ampliar la frontera de hidrocarburos costa afuera, y en yacimientos convencionales y no convencionales (YNC)”, indicó Andrés Sarmiento, presidente (e) de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).

PORTAFOLIO

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Cinco aspectos principales de la nueva Ley de Vivienda y Hábitat, por Juan Manuel González | Gobierno | Economía

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Cinco aspectos principales de la nueva Ley de Vivienda y Hábitat, por Juan Manuel González | Gobierno | Economía

Con la reciente expedición de la Ley 2079 de 2021, mejor conocida como Ley de Vivienda y Hábitat, Colombia reconoce la política pública de hábitat y vivienda como una política de Estado y da un salto significativo hacia la construcción de ciudades más ordenadas y la ejecución de una política habitacional que garantice el derecho a una vivienda y hábitat dignos para los colombianos tanto en el ámbito rural como urbano.

La Ley tiene cinco aspectos centrales que cabe destacar. En primer lugar, como ya se dijo, que consagra principios fundamentales al elevar a política de Estado la política pública de vivienda y hábitat. Esto va a cambiar la participación del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales, distritales y municipales no solo en su reglamentación, sino en la creación de políticas de gobierno y planes de desarrollo a nivel territorial. Al convertirse en política de Estado, la vivienda deja de ser un asunto de oportunidad política para establecerse como una obligación en todo el desarrollo legislativo y administrativo que conlleva.

En segundo lugar, introduce elementos fundamentales para mejorar la financiación de vivienda urbana y establece cambios en las reglas del financiamiento hipotecario, por ejemplo, ampliando el plazo de 30 años para el pago de créditos. Lo propio ocurre con la posibilidad de vender inmuebles que hubieran sido subsidiados y con las tasas que debe cobrar el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros aspectos. Estas herramientas de financiación van a permitir armonizar la posterior reglamentación en función del anhelo principal de miles de colombianos, que es el de poder adquirir vivienda en condiciones mucho más favorables. De paso, se avanza en el objetivo de reducir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el país mediante el aumento de subsidios, y la financiación a la demanda y la promoción de la oferta y el suelo urbanizable.

Un tercer aspecto a destacar, es el aporte que hace en cuanto a normas para la ordenación del territorio con criterio técnico y seguridad jurídica. En este sentido, la es una ley de avanzada. Esta seguridad jurídica cobija a los servidores públicos pero también a los propietarios de la tierra, desarrolladores e inversionistas, y desde luego, a los compradores de vivienda. Brinda seguridad jurídica al definir, por ejemplo, los límites entre acción y actuación urbanística, estableciendo por fin, qué derechos se derivan de una y otra en cuanto a las potestades que se tienen para expedir las normas urbanísticas de uso y aprovechamiento del suelo (acción urbanística); y asimismo, la capacidad que tiene el Estado de otorgar permisos y licencias (actuación urbanística). Aporta enorme claridad sobre dónde están los derechos consolidados y dónde las expectativas de derecho. Los jueces que resuelvan conflictos en estas materias también tendrán esa misma claridad a la hora de proferir sus fallos.

Juan Manuel González, socio fundador de Pinilla, González & Prieto Abogados.

Archivo particular

Sumado a lo anterior, vale señalar que la nueva Ley apuesta por un ordenamiento del territorio en el que predominen los criterios técnicos y no los intereses políticos de los gobernantes de turno.

En cuarto lugar, representa un avance en cuanto a los instrumentos de financiación del desarrollo urbano. Con ella se incorpora a la legislación colombiana el anhelo de aplicar la plusvalía en la ejecución de obras de carga general al interior de los suelos que hubieren generado la participación en dicha plusvalía. Aunque la figura ya estaba en la legislación colombiana, ganó mucha más claridad. Todo esto facilitará que, a través de las herramientas de gestión y actuación, se puedan ejecutar los recursos obtenidos por plusvalía en la infraestructura matriz de servicios públicos, sistemas de transporte público masivo, infraestructura de malla vial o equipamientos, entre otros.

Aquí cabe decir que la Ley aporta reglas muy importantes para la financiación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios a través de vehículos jurídicos como el fideicomiso, que permite atraer inversión de distintos sectores. Esta inversión puede ser recuperada a través del mecanismo fiduciario según las reglas que para ello establezcan fideicomitentes, beneficiarios y promotores.

Por último, incorpora normas generales que permiten reglamentar la participación ciudadana en las acciones urbanísticas y en especial en los planes de ordenamiento territorial, POT. En este sentido, quiere dar un salto hacia un modelo mucho más leal de participación democrática en el ordenamiento del territorio, permitiendo que los ciudadanos se involucren mucho más en la formulación y adopción de los POT. Porque quien aporta en la construcción de un POT se apropia de él y se vuelve su defensor. Lo conoce y sabe lo que representa en términos de calidad de vida para su comunidad.

Asimismo, adopta elementos de espacio público que, aunque tímidos en algunos aspectos, resuelven problemas históricos del desarrollo urbanístico del país como es la no exigencia de protocolización de escritura pública de transferencia del dominio de las áreas de cesión antes del inicio de las ventas.

En suma, la nueva Ley de Vivienda y Hábitat amerita un estudio profundo que permita su adecuada reglamentación e implementación en aras del propósito fundamental de facilitar el acceso a la vivienda de más colombianos en condiciones dignas de equidad, transparencia y enfoque diferencial, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios y sus poblaciones; y por otra parte, aportar mayor seguridad jurídica y certeza técnica al ordenamiento del territorio estimulando la inversión en este importante renglón de la economía nacional.

JUAN MANUEL GONZÁLEZ
Socio fundador de Pinilla, González & Prieto Abogados

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