John Ackerman pidió que se analice cancelación de registro del PRI por diversos actos de corrupción

John Ackerman, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), planteó al Instituto Nacional Electoral (INE) que analice retirar el registro como fuerza política al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esto a razón de que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró que Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, y Luis Videgaray, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el sexenio peñista, fueran los responsables directos de canalizar de manera ilegal 1,000 millones de pesos de la empresa Odebrecht hacia la campaña presidencial de 2012.

En adición a lo señalado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Lozoya Austin, el doctor en derecho constitucional dijo que se tiene la ratificación de La Comisión de Investigación MONEX, conformada en 2012 por la Cámara de Diputados, quien encontró anomalías en el presupuesto de la campaña de el candidato por el PRI.

La comisión “había demostrado que Peña Nieto rebasó el tope de gastos de campaña por 14 veces. El tope fijado por las autoridades fue de 336 millones de pesos, pero el candidato del PRI gastó por lo menos 4 mil 263 millones de pesos”, escribió en una columna publicada en el diario de circulación nacional La Jornada.

Este monto no solamente involucra la utilización de las famosas tarjetas MONEX sino también tarjetas de otros bancos, como Bancomer y Banamex, y de manera muy significativa las tarjetas de Soriana que, de acuerdo con la comisión investigadora, dispersaron por lo menos 2 mil 294 millones de pesos durante el proceso electoral

Ante este pronunciamiento, el conductor de John y Sabina recordó las compras de pánico que se realizaron en Soriana, derivado del rumor de que supuestamente el saldo de esas tarjetas expiraría después de celebrarse los comicios que dieron como ganador al oriundo de Atlacomulco, Estado de México.

Así continuó durante su publicación el esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, recordando las omisiones del instituto electoral mexicano; sin embargo, los señalamientos más severos son los de las triangulaciones de dinero a empresas privadas durante la campaña del priista.

La campaña de Peña Nieto utilizó un mecanismo de triangulación de recursos típico de operaciones de lavado de dinero. En el caso de las tarjetas Monex, por ejemplo, la contratación de los plásticos no fue realizado directamente sino por medio de la empresa Alkino Servicios y Calidad que a su vez contrató a la empresa Comercializadora Atama que por su parte delegó a las empresas Inizzo y Efra diversas operaciones financieras. Las investigaciones de las autoridades también revelaron que participaron en diferentes momentos empresas como Akropolis S.A. de C.V., Servicios Luciana S.A. de C.V., Maquiladora Lusa S.A. de C.V., y Comercializadora Baltus S.A. de C.V., entre otras

Tras dejar esto como precedente, Ackerman pasó a la argumentación legal y pidió que se contemplara lo estipulado en el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio de la prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado en todas las campañas electorales.

Finalmente, con estos elementos puestos a consideración, remató con una solicitud al INE para que revoque el registro del PRI como partido político.

Las nuevas evidencias proporcionadas por Lozoya obligan al INE a reabrir el expediente de 2012 e iniciar inmediatamente un procedimiento de investigación hacia la posible cancelación del registro del PRI por violaciones ‘graves’ y ‘sistemáticas’ a la normatividad electoral

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