La desaparición de seis hombres que se movilizaban en una embarcación entre los municipios de Tumaco y Mosquera, el pasado 10 de enero y cuyo paradero aún se desconoce, puso al descubierto otro gran misterio en el duro panorama de violencia que sacude a toda la costa Pacífica de Nariño.
Así lo revela un informe sobre el contexto de los derechos humanos en esa región elaborado por la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, para ser puesto en conocimiento de la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia.
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Una vez más se demostró cómo en el territorio hay dos grandes y tristes realidades: la extrema pobreza y la notoria ausencia del Estado en todos los niveles.
Consiste en un trabajo de investigación orientado a obtener datos específicos y características predominantes, una de las que más llamaron la atención es el gran temor entre las comunidades por denunciar las desapariciones, en cambio, prefieren guardar silencio.
Así lo reconoce la responsable de incidencia de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Naya Parra, quien sostiene que “por la situación de seguridad que existe en el territorio hay mucho temor, la práctica es la del silencio, la de atemorizar a la población de manera que no se denuncie”.
“Logramos establecer que las desapariciones forzadas son una práctica de generación del terror hacia la comunidad”, afirma con mucha preocupación la profesional.
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Dichas desapariciones se empiezan a incrementar en la década del 2000, cuando se conocen los primeros registros, luego, en 2002, hubo unos ‘picos’ significativos por cuanto las denuncian aumentaron.
Fue entonces cuando las organizaciones sociales existentes en Tumaco aportaron a la averiguación más de 200 casos documentados.
No obstante, la cifra que maneja el Observatorio del Centro de Memoria Histórica asciende a 1.214 desaparecidos durante el período comprendido entre 1958 y 2018.
Parra reconoce: “Creemos que existe un gran subregistro, al tiempo que buscamos en las fuentes oficiales sobre los casos denunciados, tenemos contactos con organizaciones de familiares y no nos dan los números”.
Para el Instituto Nacional de Medicina Legal en Nariño se reportaron 3.138 desapariciones entre 1985 y noviembre de 2020, de las cuales solamente en Tumaco se conocieron 701 casos.
Sorprenden Barbacoas y El Charco
También hay gran alarma en Barbacoas, donde hasta 2018 se habían reportado 247 desapariciones, según el Observatorio del Centro de Memoria Histórica pero, de acuerdo con Medicina Legal son 230 los desaparecidos.
Otro de los municipios donde, según la investigación, las desapariciones también preocupan es El Charco. Allí, el Centro de Memoria Histórica reporta 163 casos, cuando para Medicina Legal son 109.
En el municipio de Ricaurte, ubicado en el pie de monte costero nariñense, el Centro de Memoria Histórica contabiliza 72 casos frente a los 86 casos que registra Medicina Legal.
Aparecen otros municipios con registros de desaparecidos, tales como Olaya Herrera con 47 casos; Magüí Payán, 13; Mosquera, 15, y La Tola con 8.
Ante las diferencias en las cifras de este grave flagelo la funcionaria subraya: “Creemos que hay un gran desfase por lo que hay necesidad de ampliar la documentación por parte de las instituciones responsables y lograr la confianza de esas instituciones del Estado para que las personas denuncien las desapariciones”.
La Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, además, adelantó el año pasado otra estrategia dirigida a la búsqueda de desaparecidos en los principales cementerios de Nariño y estableció con mucha preocupación que solo en Tumaco se registraron 287 personas sepultadas como no identificadas (entre los años 1987 y 2020), una cifra muy distinta a la de Medicina Legal que reportó 701 casos.
“Esto significaría que casi todos los desaparecidos denunciados están en el cementerio y eso no es así, lo cual indica que existe un subregistro”, es la reflexión que hace Parra.
En cuanto a los principales patrones de los desaparecidos que se identificaron, se trataría de personas que buscaban empleo o que salieron hacia otras regiones sin conocerlas o que sufrieron el reclutamiento forzado por parte de los grupos armados que operan en esa extensa región.
“Varios de los casos fueron reportados como bajas en combates, pero eso no se ha podido determinar porque sus familiares en muchos casos no reconocen que la persona estuviera vinculada con algún grupo”, aclara.
Sin embargo, en el marco del conflicto armado, el fenómeno no se puede descartar y afecta, en mayor proporción, a jóvenes del sexo masculino que salieron de su casa pero nunca regresaron.
En cuanto a los factores que pudieron haber influido en la toma de la decisión por los jóvenes, figuran la falta de oportunidades de estudio y de trabajo que los pone en alto riesgo y a merced de los grupos armados ilegales.
Juan Moreno, quien labora en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con base en la información del Centro de Memoria Histórica, revela que en cuanto al género respecta, en los 11 municipios de la zona de las 1.214 víctimas por desaparición, 957 son hombres, 133 mujeres y sobre 124 no hay información.
Si de ocupación de los desaparecidos se trata se pudo determinar que 92 son campesinos, 15 comerciantes, 15 economía informal, 14 motoristas, 13 empleados y otros 920 sin información.
MAURICIO DE LA ROSA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
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