El Ministerio Público estableció que el exalcalde contrató como asesor jurídico a un particular sobre el cual pesaba una inhabilidad impuesta por la Procuraduría para contratar con el Estado por un lapso de 10 años.
Igualmente, se encontró responsable disciplinariamente al exsecretario Vega Mariño quien certificó la idoneidad para contratar al particular como asesor de la administración municipal cuando este se encontraba inhabilitado.
Tomando en cuenta que los sancionados no se encuentran ejerciendo el cargo, se ordenó realizar la conversión de la sanción de suspensión en salarios, de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta.
La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa de los disciplinados durante la audiencia pública.