Este es un Crudo informe sobre el racismo y la segregación en el Pacífico nariñense conformado por 11 municipios, 10 de la Costa y 1 de piedemonte costero es habitado mayoritariamente por comunidades negras e indígenas.
En esta subregión habitan 467.000 habitantes, de los cuales el 36% de la población ha sido registrada como víctima.
De acuerdo a un informe de la Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, con fecha de junio del 2020, explica que se habían registrado 169.772 víctimas por 432.919 hechos. De los cuales 320.908 fueron desplazamientos forzados, 22.093 amenazas y 18.243 casos de homicidio. Tumaco, El Charco, Barbacoas y Olaya Herrera son los que registran más víctimas.
Se menciona uno de los crímenes que mayor impacto ha generado en la comunidad y especialmente en la vida de las mujeres ha sido el de la desaparición forzada. De acuerdo a los datos del Sistema de Información Red de Información de Desaparecidos y Cadáveres, desde 1985 hasta el 31 de octubre de 2020 en esos 11 municipios se reportaron 1.310 personas desaparecidas.
No pasa desapercibido otro de los crímenes destacados en el informe citado “Racismo y violencia Estatal en los Territorios Étnicos del Pacífico Nariñense”, han sido los asesinatos a líderes sociales del territorio, especialmente contra aquellos que defendieron los procesos de organización colectiva étnica y quienes enfrentaron proyectos contra el medioambiente y ecológicos
Se tiene establecido que el informe será entregado este 24 de junio por el Colectivo Orlando Fals Borda, y la Red de Derechos Humanos del Pacífico nariñense, a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, también destaca que el Estado ha sido no solo permisivo sino responsable de la violencia contra las comunidades étnicas, no solamente por la omisión en la garantía de derechos sociales básicos, sino también por favorecer intereses económicos, como los de las empresas palmeras; originar y proteger la economía minera sin respetar los derechos colectivos; y al generar daños directos con políticas nocivas como la fumigación con glifosato en el territorio.
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