La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con tropas del Batallón de Infantería N°38 Miguel Antonio Caro del Ejército Nacional, ocupó con fines de extinción de dominio 12 bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto del tráfico de estupefacientes en Bogotá y municipios de Cundinamarca, Cauca y Nariño.
Las propiedades, avaluadas en más de 2.000 millones de pesos, pertenecerían a los integrantes de una red delincuencial señalada de mover cargamentos de cocaína desde el suroccidente hacia el centro del país. Algunos de los dueños serían funcionarios de la Policía Nacional.
Los elementos de prueba indican que, por lo menos, nueve uniformados habrían usado sus cargos para hacerse pasar por agentes encubiertos. Con el supuesto de cumplir distintas operaciones, habrían movilizaron más de 100 kilogramos de estupefacientes a Bogotá entre 2013 y 2015.
Para estos traslados, al parecer, utilizaron vehículos oficiales y los canales de comunicación de la institución para controlar y monitorear la actividad ilegal. El material de prueba evidenció que el grupo de policías, presuntamente, recibió sumas de entre $750.000 y $60’000.000.
En ese sentido, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio afectó los bienes de los funcionarios y particulares que harían parte de la red delictiva con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posición.
Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
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La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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