Las sentencias son las primeras de una serie de juicios colectivos realizados en enero a más de un centenar de ciudadanos en varias ciudades que levantaron quejas entre los familiares y activistas de derechos humanos, quienes acusan al gobierno de querer silenciar a los opositores con estos procesos judiciales .
“Ayer 14 de febrero nos notifican la sentencia. A mi esposo le pedían (la fiscalía) 30 años y lo abandonaron en 20. Eso estuvo terrible… las personas estaban llorando desconsoladas allí, las peticiones fiscales fueron demasiado altas y las sentencias horrorosas”, dijo a The Associated Press Mailyn Rodríguez, esposa de Yosvany Rosell García en una entrevista telefónica desde Holguín, a unos 800 kilómetros al este de la capital.
Rodríguez indicó que las familias de los condenados fueron convocadas para entregarles el dictamen del tribunal. En todos los casos la figura impuesta fue por sedición.
García, de 33 años y quien trabajó en un taller como soldador, rechazó haber tirado piedras como se lo acusó durante el juicio, distinguió a su esposa. Su sentencia, junto con la de otro enjuiciado, son las más altas. Su esposa dijo que apelará.
Procesos como este se realizaron en Santa Clara, Mayabeque y La Habana -donde los inculpados sí reconocieron las acciones violentas y el vandalismo y en algunos casos manifestaron su arrepentimiento- pero todavía los tribunales no expidieron sus sentencias.
Miles de personas salieron a las calles el 11 y 12 de julio del año pasado en unas inusuales manifestaciones, las primeras por su magnitud desde la década de 1990. Los manifestantes demandaban el fin del desabastecimiento y los cortes de luz y en algunos casos cambios en el gobierno.
Junto a las protestas pacíficas hubo también actos vandálicos y violentos con destrucción de vehículos y saqueo de tiendas. Una persona tendría en la localidad de La Güinera, en La Habana.
Cuba acusó a Estados Unidos de fomentar la revuelta aprovechando las redes sociales en medio de una crisis agudizada por la pandemia del COVID-19 y las sanciones de Washington a la isla que se aguantaron durante el mandato del expresidente Donald Trump y no fueron levantadas por su sucesor Joe Biden, como había prometido durante su campaña.
Estados Unidos volvió a sancionar a Cuba por estos acontecimientos y varios gobiernos criticaron las detenciones, pero la isla consideraron infundadas las alegaciones de violaciones a los derechos humanos.
Una copia de la sentencia difundida por la organización de activistas Justicia 11J, que lleva un recuento de los casos y demanda la libertad de los presos, destaca que el tribunal en Holguín impuso penas de menor cuantía en el juicio colectivo, algunos de cinco años de limitación de libertad -que no implican cárcel- a cinco jóvenes de entre 16 y 17 años. En un caso además se dispuso el cambio de prisión por trabajo correccional.
El Código Penal de la isla establece la edad mínima de imputabilidad a los 16 años.
Las autoridades cubanas nunca informaron la cantidad de detenciones producidas por las manifestaciones de julio, pero organizaciones como Justicia 11J reportaron unos 1.300 arrestos.
Inicialmente en agosto funcionarios indicaron que se produjeron 23 juicios con 67 acusados por cargos menores como desórdenes públicos, a quienes se les aplicaron multas y reclusión domiciliaria, pero que continuaron las pesquisas.
En enero, y luego de que se conocieran ya los primeros juicios con cargos como atentado o sedición -uno de los más fuertes en el Código Penal-, la Fiscalía señaló que se había procesado a 790 ciudadanos “por actos vandálicos que atentaron contra la autoridad , personas y bienes” en 117 procesos. Unas semanas después, los directivos de esa institución justificaron las sanciones debido a la gravedad de los desórdenes en medio de la pandemia.
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