El referéndum, que consulta sobre la derogación de 135 artículos de los 476 que integran la LUC, es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad y contará con papeletas rosadas para el «Sí» y celestes para el «No».
La LUC fue aprobada en julio de 2020 con plazos reducidos -de ahí el rótulo «urgente»-, con la mayoría de la coalición de Gobierno y consiste en un paquete de normas referidas a salud, educación, seguridad y empresas públicas, entre otras.
Dicha ley fue parte del acuerdo de los partidos que gobiernan como coalición: el Partido Nacional (centroderecha), al que pertenece el presidente Lacalle Pou; el Partido Colorado (centroderecha); Cabildo Abierto (derecha); el Partido Independiente (PI, centroizquierda); y el Partido de la Gente (derecha).
Una amplia parte de la legislación presentó rápidamente una reacción negativa por parte de la central sindical PIT-CNT, que reclamó que, entre otras cosas, la ley restringe el derecho a la huelga, precariza el acceso a la vivienda y mercantiliza la educación pública. Esos argumentos han sido rechazados por la coalición gobernante.
El Frente Amplio, que perdió tras 15 años de gobierno ante Lacalle Pou en 2019, se sumó a la Comisión Pro Referéndum.
La Constitución uruguaya permite interponer un recurso de referéndum contra una ley con las firmas del 25 % del total de los inscriptos habilitados para votar.
“No es lo mismo gobernar con estos 135 que sin estos 135 (artículos). Obviamente, no es lo mismo”, indicó el mandatario en una rueda de prensa en la Torre Ejecutiva (sede de Gobierno), un día después de que el comando por el ‘Sí’ difundiese en cadena nacional de radio y televisión un mensaje grabado de 6 minutos sin participación política.
Encuestas de tres empresas locales, Opción, Cifra y hecho, muestran una mayoría para la opción del No, que defiende el oficialismo.
La opción del «No» se impone con un 41 % ante la del «Sí», que obtuvo un 36 %, en una encuesta conocida cuando faltaban nueve días del referéndum en el que Uruguay votará si deroga o no 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Ejecutivo del centroderechista Luis Lacalle Pou.
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