Luego que el registrador Nacional, Alexander Vega, anunciara que la empresa Datasys sería la encargada de inspeccionar las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, la senadora María Fernanda Cabal, denunció que esta compañía tiene poca experiencia y ha sido sancionada por las autoridades de Honduras.
La senadora dijo que, según fuentes del exterior, la auditoría internacional por $3.000 millones de pesos al software para las elecciones presidenciales quedó en manos de Datasys Group, «una empresa sin experiencia sobre el objeto del contrato y sancionada por incumplimientos en Honduras», se lee en un comunicado que lanzó.
Además, la Congresista indicó que un ingeniero costarricense, llamado Dennis Cascante Hernández, quien actualmente funge como coordinador de la Misión del Plan de Garantías Electorales Presidenciales 2022 en Colombia, «tiene un contrato al parecer por $1.000 millones de pesos para su equipo de trabajo por parte de la Registraduría Nacional».
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? #IMPORTANTE Empresa Datasys contratada por la Registraduría, carece de experiencia en auditoría electoral y fue sancionada por las autoridades de Honduras.
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— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 23, 2022
«Sobre Cascante Hernández, se conoció que en el año 2013 fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito, por hechos relacionados con una empresa de tecnología que tenía 18 contratos con el Tribunal Electoral de Costa Rica, entidad en la cual laboraba, como consta en diversos medios de comunicación de dicho país», añade el comunicado de prensa de Cabal.
Además agregan que «Cascante, para las elecciones primarias del año pasado en Honduras, trabajó como asesor de Capel (Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos) y estaba gestionando al interior del Consejo Nacional Electoral, CNE, de ese país, un contrato para la empresa Thomas Processing & Systems, filial de Thomas Greg and Sons (ambas colombianas), que hacen parte del Consorcio Disproel, que desde hace más de quince años se gana los millonarios negocios electorales en Colombia, ya que al parecer son los únicos que cumplen los exorbitantes requisitos que la Registraduría Nacional solicita».
«Quiero saber cuáles fueron los pliegos de la contratación, por qué no les funcionó en 50 días ninguna auditoría ni de Alemania, pero sacan del sombrero del mago a esta empresa que sí ha trabajado con la filial de Thomas Greg & Sons, que es Thomas Processing and Systems. Sí trabajaron juntos», dijo Cabal a Blu Radio.
Dijo en el comunicado que no era concebible que, a una semana de la primera vuelta presidencial, se contrate una auditoría que «requiere de análisis a fondo de los módulos software, del estudio de los códigos fuentes, de la validación de las estructuras de datos, de la interacción entre aplicaciones y de los controles internos (solo por mencionar algunas actividades), además de las extensivas pruebas de estrés que una labor de auditoría informática de esta importancia y magnitud demandan».
«Muy seguramente Datasys Group ya viene con el ‘libreto escrito’ y con el informe listo para exonerar a Indra de cualquier responsabilidad y para ratificar a Thomas como amo y señor de la Registraduría Nacional», concluyó en su comunicado.
