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SCA desestima intento del gobierno de revocar fallo de prohibición de venta de tabaco

por Redacción BL
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En diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Western Cape declaró que la prohibición era inconstitucional e inválida, basándose en una solicitud presentada por British American Tobacco South Africa.

EXPEDIENTE: La prohibición había amenazado la estabilidad de toda la cadena de valor del tabaco, dijo el juez, dejando a los estancos sin poder comerciar y a los comerciantes informales obligados a cerrar sus tiendas. Imagen: 123rf.com

JOHANNESBURGO – La Corte Suprema de Apelaciones (SCA, por sus siglas en inglés) desestimó el intento del gobierno de revocar el fallo de 2020, que determinó que la controvertida prohibición de la venta de tabaco implementada en las primeras etapas del confinamiento era inconstitucional.

En diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Western Cape declaró que la prohibición era inconstitucional e inválida, tras una solicitud presentada por British American Tobacco South Africa (BATSA).

La ministra de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales, Nkosazana Dlamini-Zuma, bajo cuya mano se efectuó la prohibición, presentó una apelación ante la SCA, que se escuchó en marzo.

La corte de apelaciones dictó su fallo el martes. También se ha fallado ahora a favor de BATSA.

El juez Ashton Schippers, que redactó el fallo de la SCA, dijo que la ministra estaba obligada a demostrar que los beneficios de la prohibición excedían el daño que causaba, y que no lo había hecho.

La prohibición había amenazado la estabilidad de toda la cadena de valor del tabaco, dijo el juez, dejando a los estancos sin poder comerciar y a los comerciantes informales obligados a cerrar sus negocios.

Mientras tanto, los cultivadores de tabaco no tenían compradores y sus medios de subsistencia también estaban en peligro.

El tribunal consideró que la prohibición limitaba injustificadamente los derechos a la dignidad, la integridad física y psicológica, la libertad de comercio y de propiedad.

Se pronunció sobre la medida en que se limitaron estos derechos, en particular contra lo que el tribunal consideró una «falta de pruebas fácticas y científicas».



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