A pocos días de cumplirse un año de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba, el conocido como 11J, el gobierno de Estados condenó las largas penas de cárcel a que han sido condenados muchos de los manifestantes.
«Los jueces cubanos han sentenciado a más de 550 manifestantes cubanos a más de 4.000 años combinados», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price en un comunicado el jueves.
Las protestas del 11J, que tuvieron lugar en el verano de 2021, han sido las más grandes manifestaciones antigubernamentales ocurridas en la isla desde 1959 en que el ya fallecido Fidel Castro tomó el poder.
El gobierno del mandatario Miguel Díaz-Canel reprimió a los manifestantes que azotados por las carencias económicas y sanitarias protestaban en medio de las restricciones por la pandemia de COVID-19 entrado el verano.
El Departamento de Estado lamentó que más de 700 de aquellos manifestantes permanecen encarcelados, otros cumplen condenas de reclusión domiciliaria o de trabajo forzado.
«A pesar de las pruebas en video y fotográficas que demuestran lo contrario, el gobierno cubano intenta justificar sus detenciones, procesamientos y sentencias draconianas al afirmar falsamente que las protestas fueron en gran parte violentas», agrega el comunicado.
El papel judicial
El Departamento de Estado señala a los fiscales estatales por haber optado por medidas «ejemplarizantes» contra manifestantes de barridas pobres de La Habana como La Güinera y 10 de Octubre, «con importantes poblaciones afrocubanas» a los que acusó de sedición y que recibieron duras penas de hasta 26 años de prisión.
Como ejemplo, la denuncia cita a seis acusados cuyas edades oscilan entre 16 o 17 años de edad en el momento en que fueron arrestados.
En la primera mitad de junio de la Fiscalía General de Cuba anunció la condena a 381 personas, entre ellos 16 jóvenes de entre 16 y 18 años de edad. Desde el mes de marzo del presente las autoridades solo habían informado de un centenar de enjuiciamientos.
“Los funcionarios del gobierno cubano quedan deteniendo, acosando y amenazando a las madres de los manifestantes detenidos que se atreven a hablar públicamente sobre sus hijos”, denunció Estado.
«Los cubanos tienen derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica en virtud de la constitución de Cuba y como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos», fustiga el gobierno de EEUU.
El gobierno cubano ha acusado reiteradamente a Washington de promover el descontento social y en parte lo ha achacado al embargo económico y financiero que mantiene EEUU contra la isla desde 1962.
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