Dos hombres identificados como Pedro Antonio Lugo Cortés, José Heberth Ovando y Jhonatan Andrés Mosquera Martínez, fueron judicializados y privados de la libertad como presuntos responsables de tráfico de migrantes, en el municipio de Ipiales (Nariño).
La Fiscalía investiga a los hoy imputados luego de ser capturados en flagrancia en la zona de frontera del Puente Internacional de Rumichaca, cuando intentaban, supuestamente, facilitar el ingreso irregular de 20 migrantes, entre ellos 15 adultos y 5 menores de edad, provenientes de países como Haití, Cuba, África, Brasil, China, Arabia, entre otros.
Las labores de policía judicial permitieron establecer que por el paso por Colombia los migrantes deben pagar entre 4 y 5 mil dólares, por persona; por el paso hacia Panamá el monto es de 6 mil dólares adicionales.
Según la Fiscalía, los hombres coordinaban el desplazamiento terrestre de los ciudadanos extranjeros hacia el interior del país, desde la frontera con el Ecuador (Ipiales), a través de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y el Urabá Antioqueño para luego salir por la frontera con Panamá.
Personal de la DIJÍN de la Policía Nacional capturó con orden judicial a Lugo Cortés, Ovando y Mosquera Martínez, a quienes la Fiscalía les imputó cargos por el delito de tráfico de migrantes, en calidad de coautores.
El juez decidió que los los presuntos implicados, quienes no aceptaron cargos, deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los extranjeros quedaron a disposición de Migración Colombia.
La Fiscalía habla con resultados.
MAP/CFG/LV/DSN/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
