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Según los informes, la organización utilizó los nombres de 428 mujeres embarazadas y afirmó que eran personal de varias empresas de fachada para exigir el pago de las licencias.
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Junto con la judicialización de ocho presuntos integrantes de la red, se aseguraron 31 bienes en Bogotá, Meta y Huila con fines de extinción de dominio.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Vichada y la Dirección Especializada en Extinción de Derechos de Propiedad, impactó a una red criminal acusada de defraudar al Estado cobrando licencia por maternidad.
El trabajo investigativo permitió identificar a ocho personas, integrantes de tres familias distintas, que habrían constituido 19 sociedades papeleras que aparecían como empresas inmobiliarias, de servicios generales o de consultoría, entre otras.
De igual forma, se ha establecido que probablemente se hicieron pasar por representantes de ONG y empleados de alcaldías, gobernaciones y otras dependencias, y viajaron a varias ciudades para contactar y recabar información de mujeres embarazadas de escasos recursos, cuyos períodos de gestación oscilaban entre el cuarto y el quinto. mes.
Al parecer, con los nombres y datos personales obtenidos en los municipios de Vichada, Meta, Cundinamarca, Huila, Casanare, Boyacá y Atlántico, afiliaron al sistema de salud a 428 mujeres asumiendo que eran empleadas de las empresas pantalla creadas. La prueba muestra que inicialmente dijeron que a los trabajadores se les pagaba el equivalente a un millón de pesos, pero un mes antes de la entrega reportaron un aumento salarial de ocho millones de pesos.
Con estas maniobras, los mencionados integrantes de la organización criminal presuntamente exigían el pago de la licencia de maternidad, la cual se pagaba sobre la base del último salario declarado por el empleador. De esta forma defraudaron al administrador de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud por casi 9.000 millones de pesos.
Por estos hechos, el Ministerio Público imputó a los presuntos implicados por los delitos de: enriquecimiento ilícito de las personas, estafa agravada, uso ilícito de las redes de comunicación y asociación delictuosa agravada para delinquir.
Seis de los imputados recibieron medidas privativas de libertad y otros dos seguirán vinculados a la investigación.
Junto a la judicialización, la Dirección Especializada en Extinción de Derechos de Dominio impuso medidas cautelares suspendiendo la facultad de enajenación, embargo y embargo de 1 inmueble rural, 3 inmuebles urbanos, 8 vehículos y 19 empresas ubicadas en Villavicencio (Meta), Neiva (Huila). ) y Bogotá.
La mercancía, valorada inicialmente en 1.216 millones de pesos, habría sido adquirida con el dinero obtenido por la red ilícita. Los inmuebles han sido puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/LPDS/DEEDD/MRC.
La fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
