La fiscalía estableció que este sería el encargado de comprar los tigrillos extraídos de su hábitat natural.
A pedido de un fiscal de la Unidad Especial de Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en un centro penitenciario a Germán Eduardo Arango Gómez, presunto integrante de una red criminal conocida como “Narturales”. , dedicada a la obtención, tráfico y comercialización de animales salvajes y exóticos.
Se dice que esta organización compró animales tomados de su hábitat natural y posteriormente coordinó su envío en condiciones precarias, a través de empresas de mensajería, transporte intermunicipal o taxis.
La cadena ilícita aparentemente se concentraba en Bogotá, Mosquera (Cundinamarca), Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Magangué (Bolívar) y Piendamó (Cauca). Por otro lado, se conoció que los animales más afectados fueron ocelotes, iguanas, hurones, tortugas, serpientes, guacamayos, loros, erizos africanos, monos, venados, babillas y especies vulnerables o en peligro de extinción, los cuales fueron ofrecidos y vendidos por redes sociales. y grupos de WhatsApp.
Según el material de prueba, Arango Gómez sería el encargado de la venta y comercialización de los tigrillos. En ese sentido, fue imputado por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, tráfico de vida silvestre, manejo ilícito agravado de especies exóticas, maltrato animal y concierto para delinquir.
Con este resultado, hay 22 personas capturadas y procesadas por ser parte de ‘Narturales’. Además, el pasado mes de abril se recuperaron más de 1.000 animales de diferentes especies.
AMCJ/JARG/AG/GELMA/MCRC/
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
