Las regulaciones sujetas a la conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos, minería, infraestructura, energía y proyectos especiales de agroquímicos y plantas productoras, se encuentran adscritas a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), quien se encarga del seguimiento, control, permiso y trámites de las licencias ambientales otorgadas a estas actividades.
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De acuerdo con OELA, plataforma de reporte de solicitudes de evaluación de la Anla, en lo que va del 2022, se han resuelto 60 solicitudes de licencias ambientales, 14 más, a las 46 aprobadas en el mismo periodo de tiempo del 2021.
Además de las licencias expedidas por la entidad, la Anla tiene 45 trámites distintos a las licencia ambiental que impulsan el desarrollo sostenible. Según Carlos Rodríguez, subdirector de instrumentos, permisos y trámites ambientales de la Anla, “estos procedimientos son más de 22.000 decisiones que se toman al año, que tienen que ver con investigación de la biodiversidad, posconsumo, beneficios tributarios, certificados de emisiones por la dinámica de importación de vehículos y ventanilla de comercio exterior”.
En materia de energía, la entidad está encargada del seguimiento de los proyectos de Ituango en el departamento de Antioquia; La Virginia en Risaralda; Chivor Norte ubicado en Boyacá y Cundinamarca; El Quimbo en el departamento del Huila; Alto Anchicayá y Bajo Anchicayá, ubicados en el Valle del Cauca. A lo que respecta el seguimiento en minería, la entidad tiene a su cargo proyectos como Payandé, Quimbaya, Cerrejón, Reasentamiento y La Jagua. Frente a infraestructura, cuenta con la Construcción conectante C1-C2 que tiene como objetivo conectar el corredor vial C1 (Bogotá – Bucaramanga) con el corredor vial C2 (Bucaramanga – Pamplona); Ruta del Cacao, Aeropuerto el Dorado, Doña Juana y PTAR El Paraíso.
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Frente al costo de las licencias, cada sector tiene una complejidad distinta, por lo cual la entidad tiene unas tablas estandarizadas en las cuales, la licencia, los permisos y el trámite se establecen a partir del número de profesionales del proyecto, el perfil y la dedicación.
“Es un cálculo automatizado, que a través del sistema dice el valor a pagar para el proceso de evaluación. Una licencia ambiental en evaluación puede estar por encima de los $100 millones (…) para los seguimientos, hay de documental espacial, sin necesidad de ir a campo, que puede costar cerca de $20 millones. Hay seguimientos documentales, que es revisar todo el expediente en detalle sin ir a campo, y puede estar entre los $60 millones. Y los seguimientos documentales más visita, cuestan entre $80 y $100 millones, pero todo depende de la complejidad del proyecto”, aseguró el subdirector de instrumentos, permisos y trámites ambientales de la Anla.
CASO HIDROITUANGO
Ante el renombrado caso de la represa de Hidroituango, uno de los más ambiciosos proyectos de infraestructura en Colombia, y que hoy está bajo el seguimiento de la Anla, el director general de la entidad, Rodrigo Suárez asegura que, “la sociedad Hidroeléctrica Ituango, presentó en el mes de diciembre del 2021, el dictamen técnico requerido en cumplimiento de la Resolución 820 del 2018, el cual fue analizado y como resultado de este ejercicio se estableció que la Anla no podía pronunciarse de fondo sobre el cumplimiento de las condiciones para el levantamiento de la medida preventiva, razón por la cual emitió un documento donde requirió información adicional a la sociedad Hidroeléctrica Ituango. Pero a la fecha no se ha recibido respuesta del mismo”.
De igual manera, en el seguimiento y control a la contingencia del proyecto de Hidroituango, “se emitió otro documento, en el cual se imponen unas medidas y obligaciones ambientales adicionales y se realizan unos ajustes vía seguimiento” aseguró el jefe de la entidad.
DIANA K. RODRÍGUEZ T.
