El Gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo, ha pedido a la Organización de los Estados Americanos (OEA) intervenir ante la crisis política e institucional que atraviesa el país con sucesivos choques entre los distintos poderes de Estado, un pedido que recibió la aprobación del Consejo Permanente.
En su presentación ante el organismo hemisférico, reunidos en el Consejo Permanente para atender la situación, el canciller de Perú Cesar Landa dijo que “existe una situación que de no ser corregida a tiempo podría ocasionar que se erosione el orden democrático, el Estado de derecho y el ejercicio legítimo del poder en el Perú”.
Por ello, el país sudamericano ha solicitado a la OEA que envíe una Misión Especial para ahondar en una crisis que un poco más de un año de había iniciado el mandato del presidente Pedro Castillo, se han sumado 15 peticiones de destitución con intentos de aplicar las 3 normativas que manda la Constitución, sin éxito.
Al mismo tiempo surgen otros frentes de batalla entre altas figuras e instituciones del país llamadas a mantener el equilibrio de poderes y los controles constitucionales.
“El gobierno del Perú considera que el envío de una Misión conformada por diversos representantes que conforman la OEA resulta esencial para realizar una mirada neutral, pero independiente a la situación actual que vive el Perú y expresa su conformidad para dicha visita”, dijo el canciller Landa a través de una presentación de vídeo.
Delegaciones de los gobiernos de la región, avalaron la petición del Perú y reiteraron “el apoyo” por ser una petición hecha por el país para garantizar el estado de derecho.
Algunos embajadores entre ellos el representante de Colombia, Luis Ernesto Vargas, dijeron que la situación del país pone de manifiesto una “amenaza” a los sistemas democráticos en la región.
El embajador de Perú ante la OEA, Harold Forsyth, leyó la Resolución aprobada por unanimidad por los representantes Estados miembros de la organización para «preservar la democracia» del Perú «y diseñar un grupo de alto nivel de los estados miembros» para realizar un análisis sobre la situación e informar al Consejo Permanente.
CIDH advierte sobre riesgo a institucionalidad democrática
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente adscrito a la OEA, presentó este jueves un informe sobre una visita técnica realizada por miembros de la Comisión que “observa riesgos a la institucionalidad democrática” del país sudamericano.
La comitiva encabezada por el vicepresidente de la CIDH, Stuardo Ralón, sostuvo reuniones con representantes de diferentes instituciones del Estado entre el 10 y 13 de octubre, también con organizaciones de la sociedad civil y afectados por violaciones a derechos humanos.
Ralón también expuso las observaciones de la visita de la Comisión esta tarde ante el Concejo Permanente.
El organismo con sede en Washington DC ha encontrado que al menos tres aspectos que exacerban la crisis institucional se ha profundizado en los últimos años, con sucesivas turbulencias con presidentes depuestos y tres parlamentos cesados, desde 2016 al presente.
“Uno de estos es el uso reiterado de 3 figuras constitucionales que tienen el potencial de debilitar la separación y el equilibrio de poderes, y de paralizar la gobernabilidad del país, debido a su falta de definición objetiva”, razón la CIDH
Y agrega que las figuras en cuestión son: la acusación constitucional; la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente; y la disolución del Congreso por la negatoria de confianza a dos consejos de ministros.
La Comisión ha anunciado que todas las partes deben encontrar una solución conjunta para delimitar el alcance de cada figura, porque “la activación de estas figuras confirma un fuerte y constante enfrentamiento”, por lo que “debe encontrarse una salida democrática”.
“En estos momentos, el Perú vive un escenario de una crisis constitucional por hechos inéditos que se han dado en las últimas semanas, dentro de los que destacan la denuncia constitucional de la Fiscal General contra el Presidente de la República ante el Congreso de la República , así como la acusación constitucional contra la Fiscal General ante el Poder Legislativo”, ahondo la CIDH.
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