Tras la radicación de la reforma a la salud que se llevó a cabo en la Plaza de Armas el pasado lunes, por la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el Presidente de la República, Gustavo Petro, ya se está empezando a generar diferentes reacciones frente a lo propuesto en el proyecto de ley, que tiene como objetivo la reestructuración del sistema de salud enfocado en la atención primaria.
(Lea: En redes la tendencia es el inconformismo sobre la reforma a la salud).
Sin embargo, dentro del articulado ya existen planteamientos sobre el futuro transicional de las Entidades Promotoras en Salud (EPS), al igual que la migración de los afiliados de las EPS en liquidación.
El texto detalla los planes que tienen en torno a los Centros de Atención Primarios, el giro de los recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el papel de la Nueva EPS, además, de la discusión sobre el debate de la reforma en las sesiones extras del Congreso.
Frente a las EPS, el articulado retoma la discusión de progresividad, en donde se realizará un proceso de territorialización, concentrando su operación en las ciudades y departamentos con mayor número de afiliados y organización de la prestación de servicios.
Uno de los artículos que más ha sonado es el que se refiere a la armonización de la operación de transición y evolución de las EPS con el nuevo sistema. Respecto a esta materia, el Gobierno indica que por cada hogar, “todos sus miembros deberán estar afiliados a la misma EPS”. Además, se plantea que en aquellos lugares en donde no queden estas entidades, la Nueva EPS asumirá el aseguramiento.
(Además: ‘Permitan las reformas’, el pedido del presidente Petro a Colombia).
Por otra parte, se indica que aquellas EPS que cumplan con las disposiciones técnicas que establece la ley, podrán crear y administrar los Centros de Atención Primaria en los territorios asignados, al igual que manejar los sistemas de referencia y contrarreferencia de las personas vinculadas. También, las EPS podrán realizar o ejecutar auditorías contratadas que requiera el sistema.
En materia de evolución, la reforma propone que a partir de la vigencia de la nueva ley, no habrá autorización de ingreso al sistema de salud de nuevas EPS. Pero, llevando la mirada hacia la transición, se plantea que estas entidades podrán escindir y especializar sus instituciones de prestación de servicios de baja, mediana y alta complejidad e integrarlas a redes de atención integrales e integradas.
Sin embargo, el tema que más ha tocado fibras es la ‘metamorfosis’ en torno al futuro de estas entidades.
Según la norma, las EPS que permanezcan en el sistema de salud durante la transición, dividirán progresivamente sus instituciones de prestación de servicios. Básicamente, se cambia el rol de las EPS, migrando de la administración de los recursos del sistema a ser Instituciones Prestadores de Salud (IPS).
(Lea: ¿Miembros de un solo hogar deberán estar inscritos a una sola EPS?).
El gremio de las EPS, Acemi, ha sido uno de los principales opositores del proyecto, incluso antes de conocerse en detalle el texto.
Gustavo Petro en la radicación de la reforma a la salud
EL TIEMPO
Ahora, tras saberse el contenido del proyecto, la agremiación indicó que “decir que las EPS son prestadores de servicios de salud equivale a eliminarlas. Además, que mantener el nombre de las EPS no significa mantener su rol de aseguradores y que el proyecto fragmenta sus funciones y las divide entre diferentes entidades, lo cual podría generar un gran caos dentro del sistema”.
El gremio alertó que nadie estaría asumiendo la responsabilidad y la función de gestionar el riesgo en salud y que con el proyecto, “ambas desaparecen”. Por el contrario, se estaría trasladando la responsabilidad de conformar, coordinar y articular la red de servicios a las secretarías de salud de las entidades territoriales departamentales y municipales.
Acemi argumentó que, entre 2018 y 2019, las secretarías departamentales de salud sólo lograron verificar y habilitar el 3% de las redes de prestación estructurada por las EPS.
Frente a la coordinación del sistema, el gremio advirtió sobre un “alto riesgo de inoperancia”, no solo por la coordinación que tendrían que tener las entidades territoriales con diferentes instancias, sino también porque tampoco es claro cómo se vinculará la red de especialistas que trabajan actualmente desde sus consultorios al nuevo modelo.
(Vea: Reforma a la salud: reacciones al proyecto radicado por el Gobierno).
“Preocupa que se reduzca la calidad de los servicios para ajustar el costo al manual tarifario, sin que nadie supervise la calidad”, indica el gremio de las EPS. Aademás, criticó que, dado que la Adres manejaría temporalmente los recursos, estos les serían girados a las alcaldías y gobernaciones.
Finalmente, sostuvo que “el proceso de transición en realidad es un proceso de liquidación de las EPS” y que quedan aún muchas inquietudes sobre el futuro del sistema.
Sumado a esto, Gestar Salud, el gremio de las EPS subsidiadas, también se pronunció, y aseguró que “considera que el proyecto de reforma al sistema de salud radicado en el Congreso no construye sobre lo construido y por el contrario destruye los avances de más de 70 años de historia de la seguridad social en salud en Colombia”.
Según Gestarsalud, la reforma “plantea una estatización y monopolio de la operación” que restringe el principio de la libertad de elección de los usuarios, con todos los riesgos que implica un servicio exclusivamente administrado por el Estado.
(Siga leyendo: ‘Petro nos oyó mucho, pero esto no se tradujo en el texto’: Gaviria).
EPS.
Frente al manejo de las EPS, Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud y director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, le manifestó a Portafolio que se está haciendo un cambio profundo en la Gestión Integral de Riesgos en Salud, función que hoy cumplen las EPS y aseguradoras.
“Parecería que hacia el largo plazo esa gestión va a quedar diluida en varias organizaciones estatales a diferente nivel administrativo”, aseguró el exministro.
El exfuncionario indicó que lo que va a pasar es que las EPS se tendrían que transformar en distintas instituciones prestadoras de servicios de salud, lo que se conoce como IPS, y manejarlas siempre y cuando quieran hacerlo y estén autorizadas. “Su naturaleza cambiaría y dejarían de ser gestores integrales de riesgos a ser prestadores de servicios de salud”, sostuvo.
A su vez, Gustavo Morales Cobo, ex presidente de Acemi, aseguró que este nuevo modelo pretende aprovecharse de las capacidades que hoy tienen las EPS en el manejo de afiliados, gerencia de la gestión de riesgo en salud, citas, seguimiento y entrega de medicamentos, para darle paso a la administración de los Centros de Atención Primarios.
(Lea: El abecé del proyecto de reforma a la salud del gobierno Petro).
“Este es un juego de tetris entre el Estado y las EPS. Funciona quitando el manejo de los recursos, pero dándole la administración de los centros. Ahora ellas serían como IPS. Si es bueno o malo, ese es el gran debate. Quitarle el manejo de los recursos a las buenas EPS es un error, pero esa es la apuesta que está haciendo el Gobierno”, dijo Morales.
Nueva EPS es la que más afiliados de Coomeva recibió (293.117).
Archivo EL TIEMPO
Si bien la reforma en torno a las EPS ya ha dado qué discutir, una puntualidad del proyecto le otorgaría facultades extraordinarias al presidente Petro para dictar disposiciones y realizar las operaciones presupuestales que se requieran para capitalizar la Nueva EPS en la transición.
Frente a esto, el exministro Augusto Galán manifestó que en el corto plazo se va a hipertrofiar la Nueva EPS. “No se sabe hasta dónde va a llegar y no hay claridad en qué se quiere decir”, explicó.
Por otro lado, la distribución de recursos se ejecutará por giro directo mensual de la Adres a los prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos.
También, se manejará la cuenta de Fortalecimiento Red Pública para la Equidad, la cual se financiará de cuentas cedidas a entidades territoriales y otras de destinación específica para salud.
Congreso de la República.
El Gobierno ha apostado porque la reforma ingrese al Congreso como una ley ordinaria, en la Comisión Séptima de la Cámara, encargada de los asuntos del sector, pero varias opiniones han advertido que debería ingresar al Legislativo como un proyecto estatutario.
(Siga leyendo: ¿Qué pasará con las EPS?: esto dice la reforma a la salud de Petro).
“Hay una discusión sobre si esta es una ley estatutaria u ordinaria y la diferencia es también en términos de trámite. Si es ordinaria podría entrar por la Comisión Séptima en las sesiones extra del Congreso, pero si entra por estatutaria tendría que ser al inicio de la legislatura y entrar por las comisiones primeras de Senado y Cámara”, señala el analista político Carlos Arias.
Según el experto, de ser así el proyecto no podría entrar por extras, y la discusión tendría que ser más amplia y debería por ende tener un mayor número de debates, lo que demoraría más su aprobación.
“Los que señalan que es estatutaria lo afirman porque tocaría la estructura del derecho a la salud de todo el sistema colombiano y el derecho de cualquier colombiano al acceso. Es una discusión de interpretación de la Ley que podría llegar a la Corte Constitucional. El meollo del asunto es que si llega a entrar por Comisión Séptima, y efectivamente toca temas estructurales en la política de salud, la Corte podría tumbarla. Esto debió ser una discusión jurídica en Palacio”, indicó Arias.
A su turno, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf, aseguró que esta es una de las reformas más importantes que tiene Colombia, pues busca “que la salud deje de ser un negocio y pase a ser un derecho garantizado a todos los habitantes del país y en todos los territorios” y destacó la propuesta de un modelo preventivo.
“Estamos listos desde la Comisión Séptima para sacar adelante esta reforma, que va a beneficiar la salud de todos los colombianos”, dijo el congresista.
¿Ordinaria o estatutaria?
A propósito de los cuestionamientos sobre el trámite en el que se debe realizar la discusión de la reforma a la salud, diferentes actores de la política colombiana le remitieron una carta a Roy Barreras, presidente del Senado y a David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, indicando que conforme a lo establecido en la Constitución Política, las disposiciones contenidas en el proyecto de ley regulan de manera integral el contenido y alcance del derecho fundamental a la salud y, por lo tanto, requieren ser sometidas a una discusión democrática y de control posterior cualificado, propio de las leyes estatutarias.
(Además: Los pilares de la reforma a la salud explicados por la ministra Corcho).
Frente a esto, los políticos le piden a los presidentes del Congreso tramitar la reforma en sesiones ordinarias, con “la votación para esos preceptos calificada y, dada su jerarquía, se exige una revisión previa de constitucionalidad en cabeza de la Corte”, dicen en el documento. Indican que es una iniciativa para contar con un espacio de deliberación.
DIANA K. RODRIGUEZ T. Y LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodistas de Portafolio
