En enero de este año, el procesado habría dado muerte a la mascota familiar para intimidar a la mujer.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre de 35 años de edad, como presunto responsable de feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, la madrugada del 19 de febrero de este año, el procesado habría disparado en contra de su excompañera sentimental delante de su madre y su padrastro. La víctima falleció 15 días después en un centro asistencial Montería (Córdoba), a donde había sido trasladada por la gravedad de sus heridas.
El ataque se produjo en la vivienda de la víctima ubicada en la vereda Medios de Manceri del municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.
Los investigadores establecieron que la víctima y el victimario convivieron durante dos años, tiempo durante el cual la mujer habría sido víctima de amenazas y violencia física, incluso cuando estaba iniciando su embarazo.
Las labores de policía judicial determinaron también que el presunto agresor, al parecer, le controlaba hasta cuándo debía afeitarse su zona íntima.
Se evidenció además que el 9 de enero de este año, al parecer, el hombre dio muerte con arma de fuego a la mascota familiar llamada Lulú y que habría amenazado a la mujer con hacerle lo mismo si la veía con otro hombre.
El procesado fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Yarumal (Antioquia) y durante las audiencias no se allanó a los cargos imputados.
La Fiscalía habla con resultados.
NAMT/LFML/YJ/DSP/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
