Defensoría del Pueblo denuncia que el puesto de salud que sirve a comunidades del río Atabapo no funciona hace seis mese

La Defensoría del Pueblo realizó una jornada descentralizada en ocho comunidades nacionales que viven sobre la ribera del río Atapabo, afluente fronterizo entre el departamento de Guainía y el estado Amazonas (Venezuela). Allí pudo darse cuenta de la desprotección en derechos en la que se encuentran por cuenta del abandono estatal.   

Entre el 12 y el 15 de julio, la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos, la Delegada para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas y la Regional Guainía evidenciaron que el puesto de salud habilitado para seis de las comunidades no está funcionando desde hace medio año. Además pudieron constatar que la prestación del servicio de salud se ha venido agravando, no ha habido brigadas y tampoco se cuenta con un medio de transporte que permita atender urgencias.  

Otro asunto que preocupa a la Defensoría del Pueblo es la educación. El acceso a la primaria no está asegurado para tres de las comunidades. A ello se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) destinado para la ruralidad registra falencias, pues está limitado a la entrega de productos enlatados y los alimentos suministrados carecen de diversificación. Tales son las falencias, que el acceso a frutas y verduras es mínimo y son entregados montos en efectivo: alrededor de 700 pesos diarios por estudiante para que compren productos alimenticios; esto no garantiza una cobertura adecuada.  

En el trabajo en terreno realizado a lo largo de los cuatro días, además, identificó una baja respuesta institucional sobre las recomendaciones formuladas por la entidad en la Alerta Temprana 003 del 2023, en la que focalizó esa zona de frontera, donde persisten y se acentúan factores de vulnerabilidad socioeconómica. 

Así mismo, la entidad pudo evidenciar cómo ha ido en crecimiento la práctica de la minería ilegal, actividad que está impactando la salud de quienes habitan esa zona del Guainía, el disfrute de un ambiente sano, el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria y sus capacidades sociales.

“En aras de fortalecer los derechos de las comunidades, la Defensoría recepcionó quejas relacionadas con la afectación a los derechos individuales y colectivos, como también dictó talleres para prevenir el reclutamiento forzado y  las violencias basadas en género”, detalló la entidad.