Segundo Whashington Churta Viva, alias Churta, fue imputado con cargos por un fiscal especializado Gaula como presunto autor material del delito de extorsión agravada.
Los hechos por los que alias Churta es procesado fueron denunciados por un ciudadano extranjero, quien le aseguró a la Fiscalía que estaba siendo víctima de exigencias para el pago de $1.500 millones, por parte de presuntos integrantes de la disidencia residual Urías Rondón, para radicarse en Tumaco, y poder tener una relación sentimental con una habitante del puerto.
De acuerdo con la denuncia, el extranjero llegó a la vereda El aguacate para ir a la vivienda de una mujer, a quien contactó por una red social, y fue abordado por varios hombres armados, quienes le exigieron el pago $40.000.000 por adelantado para no atentar contra su vida y no ser acusado de abuso sexual contra la hija menor de su pareja.
Debido a la intensidad de las exigencias económicas, la víctima acordó entregar el dinero en un parque de Tumaco a un sujeto conocido como Churta, quien lo estaría esperando.
Informados investigadores del Gaula de la Policía Nacional asesoraron al extranjero en una entrega controlada. Una vez en el sitio, a la víctima lo esperaba un hombre, quien se identificó como el presunto receptor del dinero.
Cuando el extranjero entregó un paquete con el dinero, agentes del Gaula de la Policía lo capturaron y se identificó como Whashington Churta Viva.
Un juez penal con control de garantías avaló la imputación de cargos de la Fiscalía contra el hombre y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía habla con resultados
JGPV/FAGH/JPGG/DSN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
