20 años y 11 meses deberá purgar en un establecimiento carcelario Ignacio Becerra, quien es un reconocido delincuente del sur de Neiva. El hombre fue procesado esta vez por el delito de desplazamiento forzado.
Las autoridades de la capital del Huila confirmaron que Ignacio Becerra, deberá cumplir con una medida de aseguramiento por 251 meses de prisión, equivalentes a 20 años y 11 meses encerrado en establecimiento carcelario.
Volvió a la cárcel
Es de precisar que no es la primera vez que pisa una prisión, pues ya ha estado detrás de los barrotes en más de tres ocasiones pagando condenas por sus actividades ilícitas.
El arresto
Su captura se llevó a cabo por uniformados del Grupo Gaula de la Policía, quienes llegaron con una orden de registro y allanamiento al barrio José Antonio Galán, en el sur de Neiva, para hacer efectiva la orden judicial en contra de alias ‘Nacho’.
Es de precisar que este individuo es ampliamente distinguido por la comunidad, porque presuntamente, es quien controla la venta de estupefacientes y la comisión de otros delitos.
Su trayectoria delincuencial
Dentro de su prontuario criminal de aproximadamente 25 años le figuran más de 15 anotaciones judiciales por los delitos de, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y desplazamiento forzado.
Las averiguaciones
Según las investigaciones adelantadas en el barrio José Antonio Galán de Neiva, la organización ‘Los Nacho’, liderada por Becerra, arremetían contra los ciudadanos que no estaban de acuerdo con su accionar delictivo con amenazas, acompañadas de hurtos, lesiones personales y otra serie de ilícitos, los cuales eran cometidos con armas de fuego, posteriormente terminaban por dar plazos perentorios a familias completas para que abandonen el sector donde residían; ante esto, las víctimas en medio del temor por su integridad y la vida de su núcleo familiar, se desplazan forzosamente a otro lugar de la ciudad, generando gran afectación a sus derechos y libertades constitucionales.
La banda delincuencial desplazó a cinco familias, para un total de 26 personas afectadas, 14 adultos y 12 menores de edad; de las cuales, dos personas tienen condición de discapacidad.
