La procesada habría usado información de, al menos, 22 beneficiarios de subsidios del Estado.
La contundencia del material probatorio presentado por un fiscal adscrito a la Seccional Cauca permitió que un juez con función de control de garantías dictara medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de María Ruth Hernández Velasco.
Según la investigación, la procesada administraba un local comercial de giros, localizado en Cajibío (Cauca). Se trata de dineros correspondientes a beneficios estatales reconocidos a personas de escasos recursos o en condiciones de vulnerabilidad.
Al parecer, la mujer aprovechaba su condición de empleada en dicho lugar para verificar los montos que les eran girados a los ciudadanos. Luego, se cree, creaba incidentes ante la entidad responsable de los giros en los que reportaba problemas en cuanto a la lectura de las huellas dactilares de los beneficiarios; o imposibilidad para acceder al sistema informático.
De esta manera la mujer habría solicitado autorización para que el dinero le fuera girado directamente a ella y de esa manera se apropiaba de las sumas reclamadas. Así Hernández Velasco se habría apoderado, entre el 5 y 10 de octubre pasado, de una suma superior a 6 millones de pesos.
Por estos hechos la mujer fue imputada como presunta responsable de los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y hurto por medios informáticos y semejantes agravado.
En la diligencia de captura le fue incautado un teléfono celular.
La Fiscalía habla con resultados.
JGPV/MAG/JAHS/DSC
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
