El pasado 31 de marzo terminó el trabajo de un grupo de expertos que fue convocado por el Gobierno Nacional y que desde el 2022 viene trabajando en la realización de un paquete de propuestas para generar estrategias que impulsen el desarrollo en las regiones, teniendo en cuenta que Colombia es un país diverso y con características y dinámicas económicas que cambian conforme a los territorios.
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Se trata de la Misión de Descentralización, un equipo en el que destacan nombres como Jaime Bonet, Darío Indalecio Restrepo y Héctor Riveros, entre otros, quienes han contado con el acompañamiento de Planeación Nacional y voceros de Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos.
Para Darío Indalecio Restrepo, director de la Misión, gran parte de su trabajo se centra en la necesidad de dar mayor autonomía a las regiones, teniendo en cuenta que “hay que fortalecer la capacidad de gasto y recaudo en los departamentos, eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo”.
“Dejando claro que no estamos hablando de federalismo, esto es un nivel de centralismo donde las entidades territoriales deben poder participar mucho más en la riqueza nacional, pero partiendo de tener claro para qué se usará esa plata”, explicó Restrepo.
Por su parte, Jaime Bonet, quien hace parte también de este grupo de expertos, resalta que Colombia es un país desigual y que una de esas desigualdades es la regional, por esta razón, “las propuestas de la misión están orientadas a corregir esas desigualdades regionales, de tal forma que permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes de territorios tradicionalmente olvidados y donde la presencia del Estado es reducida”.
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En un documento preliminar presentado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, la Misión de Descentralización entregó siete propuestas que condensan los cambios que para ellos se deben realizar en el manejo de las regiones, con el fin de fortalecer sus capacidades y evitar las inequidades.
La primera de ellas es pasar de la categorización actual (que se miden por números) a tener clasificaciones como Ciudades Grandes, Nodos territoriales, Intermedios, Centros urbanos, Vocación primaria (altamente agrícolas), Prevalencia ambiental y de alta Densidad Étnica.
Esto con el fin de mejorar la focalización de políticas públicas, la asistencia técnica diferenciada por parte del Gobierno central y la asunción de competencias de cada uno de estos territorios, dejando claro que “corresponderá a las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales reglamentar el ejercicio de las funciones y los servicios, así como las competencias, funciones o servicios departamentales, municipales y distritales”.
Para los expertos de la Misión, Colombia debe enfocarse en todas las poblaciones que no hacen parte del “triángulo de oro extendido” (Bogotá, Cali y Medellín, Barranquilla y Bucaramanga) a zonas como el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y el mundo rural evitando caer en escenarios en los que el desarrollo promueve la apertura de brechas sociales.
En segundo lugar, se plantea la necesidad de reformar la Ley de Ordenamiento Territorial (1454 de 2011), con el fin de profundizar la descentralización y la autonomía territorial en Colombia; también fortalecer la asociatividad territorial y las áreas metropolitanas y, para complementar, definir el marco general de competencias de municipios y departamentos.
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Misión de Descentralización Informe
Cortesía – DNP
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Un cambio estructural al Sistema General de Participaciones (SGP), es la tercera recomendación, resaltando que el modelo actual de distribución de recursos por medio de esta herramienta penaliza a los territorios con menores capacidades asignándoles menos recursos, razón por la cual se debe establecer un nuevo modelo de distribución.
Indicaron que hay que establecer el 31 % como nivel mínimo del SGP respecto a los Ingresos Corrientes de la Nación, recomponer y separar este sistema en 2 bolsas, una sectorial y otra territorial, y tomar en cuenta la segmentación territorial que propusieron, para no dejar por fuera a los territorios étnicos e impulsar los de prevalencia ambiental.
“La propuesta de incluir criterios de igualación fiscal permitiría una mayor equidad en la distribución de los recursos y más autonomía en la ejecución del gasto. En términos per cápita, los municipios más rezagados tendrían mayores fondos sin amarrar su uso a determinados sectores, lo que les permitirá atender las demandas de su población”, dijo el profesor Jaime Bonet.
Para acompañar la reforma al sistema de participaciones, la Misión también propone hacer cambios a la distribución de regalías, arrancando por la supresión de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) para sustituirlos por la gestión directa de las entidades territoriales y fusionar las cuatro asignaciones enfocadas en ambiente dentro del Sistema General de Regalías (SGR) para distribuirlas directamente a todas las entidades territoriales.
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En este sentido sugiere que es necesario propender por un manejo autónomo de recursos por las entidades territoriales, redefinir la asignación de inversión regional, descentralizar la asignación de ciencia, tecnología e innovación y ajustar el enfoque y forma de distribución de la inversión local, unificando los sistemas de distribución.
Por último, la Misión resalta que se debe consolidar una regla fiscal subnacional, unificando el marco normativo actual, tal como sucede en la actualidad con la Regla Fiscal, evitando la atomización de los indicadores y los diferentes enfoques metodológicos y de actores en la definición y seguimiento al gasto y al endeudamiento.
Este equipo ya presentó sus recomendaciones al Gobierno, en un Consejo de Ministros y al Congreso de la República, desde donde se recibieron varias recomendaciones que entrarán a hacer parte del debate que girará en torno al tema.
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Propuestas que está analizando el Gobierno
Portafolio habló con el director de Planeación Nacional, Alexander López, sobre este informe que recibieron en el Gobierno y este funcionario agregó que “las propuestas son el punto de partida de una discusión que se debe hacer en escenarios como el Congreso, diálogos regionales, audiencias públicas entre otros, por lo que aún hay un camino importante por recorrer”.
También destacó que los resultados finales serán presentados en los próximos meses y corresponderá al Gobierno Nacional y/o al Congreso revisar, articular o ajustar las propuestas definitivas y definir cuáles de ellas, de qué manera y con qué prioridad entrarán en la agenda pública para materializarlas.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Portafolio
