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Judicializados un adulto y un adolescente como presuntos responsables de portar munición de uso privativo

por Redacción BL
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La Fiscalía General de la Nación logró que jueces de control de garantías enviaran a la cárcel a Cristhian David Zapata, de 18 años de edad y a internamiento preventivo a un adolescente de 16 años, como presuntos responsables de portar munición de diferente calibre, entre la cual hay de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

En diligencia de registro y allanamiento adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, a una vivienda ubicada en el sector de Farfán, de esa localidad, los hoy imputados fueron sorprendidos con 12 cartuchos calibre 5,56 mm; 5 cartuchos para traumática modificados; 1 cartucho 9 mm, 8 cartuchos para traumática 9 mm y 2 cartuchos calibre 38 mm.

Cristhian David Zapata, junto con adolescente de 16 años de edad, judicializados como presuntos implicados en el porte de munición de uso privativo, en Tuluá (Valle del Cauca).

Fiscales de la Seccional Valle del Cauca les imputaron al adulto y al menor infractor los delitos de fabricación tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; así como fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios partes o municiones.

Por decisión de los jueces, los presuntos implicados deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario e internamiento preventivo en centro especializado para adolescentes.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

MAP/LV/DSVC/LYBT

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

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