El incremento de la presencia de disidencias de las FARC en el Valle del Cauca ha generado preocupación en nuevas zonas del departamento, donde la violencia y la intimidación de estos grupos armados están afectando la seguridad y el bienestar de la población.
En los últimos meses, se ha observado un aumento significativo de actividades ilegales por parte de estas disidencias en municipios como Palmira, Buga, San Pedro, Ginebra, El Cerrito y Guacarí. La disputa del naciente frente 57 de las disidencias de las FARC, especialmente el frente Adán Izquierdo, apoyado por el frente Dagoberto Ramos, ha generado confrontaciones que ponen en riesgo a la población civil.
El defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, ha instado a las instituciones del Estado a implementar medidas excepcionales para salvaguardar a las comunidades y evitar afectaciones contra su vida, integridad y bienes. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha destacado la necesidad de un trabajo más articulado en la región y ha solicitado el apoyo del Gobierno Nacional para abordar esta problemática que trasciende el departamento.
Los recientes ataques perpetrados por las disidencias de las FARC, como la explosión en el barrio Meléndez de Cali y los ataques contra la Fuerza Pública en Tumaco, evidencian la determinación de estos grupos criminales de cometer acciones terroristas en el suroccidente del país. La respuesta del Gobierno Nacional, representada por el ministro de Defensa, es perseguir a estas estructuras criminales hasta que cesen sus actividades delictivas.
El frente 57 Yaír Bermúdez, una nueva disidencia que opera en el centro y norte del Valle del Cauca, representa un desafío adicional para las autoridades. Con aproximadamente 80 hombres, este grupo se ha detectado en zonas de la cordillera Central y ha generado preocupación por su capacidad de desestabilizar la región.
Las autoridades locales han intensificado las operaciones militares en áreas rurales del departamento para contrarrestar la presencia y las acciones ilegales de estos grupos armados. Sin embargo, el desafío persiste, y se requiere un enfoque integral que garantice la seguridad y el control territorial en el Valle del Cauca.
En este contexto, la colaboración entre las instituciones del Estado, la comunidad y la sociedad civil es fundamental para enfrentar esta amenaza y restablecer la tranquilidad en la región. Es necesario fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y adoptar medidas efectivas para proteger a la población civil y prevenir nuevas escaladas de violencia por parte de las disidencias de las FARC.
