La Contraloría General del Perú detectó un presunto desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte, al declarar menos cuentas de las que fueron detectadas en el sistema financiero.
El jefe del organismo, Nelson Shack, informó que la mandataria fue notificada al respecto el 1 de julio, pero afirmó que diez días después se conoció de un proyecto de ley emitida por el gobierno que recorta el presupuesto y funciones de la Contraloría.
«La Contraloría inició hace un par de meses la investigación sobre el caso de los Rolex y demás joyas. Ya se han hecho las investigaciones y se ha detectado una serie de omisiones”, dijo en entrevista a la emisora local RPP Noticias.
“De hecho, a través de toda la capacidad operativa y analítica que ahora tiene la Contraloría, ha detectado que la señora Presidenta ha declarado ante la Contraloría menos cuentas de las que hemos detectado en el sistema financiero nacional y esto ha conllevado a que tenga un presunto desequilibrio patrimonial, y eso ha sido comunicado a la señora presidenta el día 1 de julio y 10 días después aparece este proyecto de ley», afirmó.
La Fiscalía presentó en mayo una denuncia constitucional contra Boluarte por corrupción y la está investigando por los delitos de supuesto enriquecimiento ilícito tras conocerse que recibió de un gobernador relojes y joyas de lujo.
La Presidencia negó que exista “desequilibrio patrimonial alguno en las cuentas de la jefa de Estado” y precisó que “lo que actualmente se viene dando es solo un procedimiento de fiscalización”.
«No existe informe de la Contraloría que señale desbalance patrimonial alguno en las cuentas de la Presidenta Constitucional de la República. Lo que sí se registra es un procedimiento de fiscalización específico de las declaraciones juradas, el mismo que se encuentra en trámite y dentro del plazo establecido por la normativa», declaró el vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, en una conferencia de prensa el martes.
Precisó que este procedimiento de fiscalización es regular en el Estado y tiene un plazo de 76 días hábiles, dentro del cual se encuentra actualmente.
La Contraloría, dijo Hinojosa, remitió a la jefa de Estado algunas observaciones para ser aclaradas.
“Estas observaciones, que se encuentran dentro del término legal, serán respondidas por la presidenta y se refieren específicamente a dos aspectos; los ingresos de la mandataria están plenamente acreditados y son coherentes con los egresos”, remarcó.
Boluarte tiene otras investigaciones en curso, una de ellas y la más reciente por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad después de que su gobierno desactivó un grupo policial de élite que ayuda a un grupo de fiscales que investiga al entorno de la mandataria.
También pesa sobre ella otra pesquisa por lavado de dinero recibido durante la campaña presidencial que llevó al poder a su antecesor Pedro Castillo (2021-2022), de quien Boluarte era vicepresidente.
Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022 tras la destitución y detención de Castillo quien intentó disolver el Congreso para evitar una votación de remoción en su contra.
A multas de 2023 la fiscalía general también denunció a la presidenta por homicidio calificado y lesiones graves ante el Congreso, pero esa denuncia no prosperaría, según la ley, hasta que la mandataria concluya su gobierno.
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