Perú rechazó el jueves un informe de Amnistía Internacional que afirma que la presidenta Dina Boluarte debería ser investigada como posible autora intelectual de las graves violaciones a los derechos humanos que dejaron 50 civiles muertos en las protestas para exigir su renuncia entre 2022 y 2023.
El primer ministro Gustavo Adrianzén dijo a la prensa que el Estado no le responde a una organización no gubernamental, sino que más bien “se relaciona directamente con organismos internacionales”.
“Rechazamos rotundamente cada uno de los apartados del informe… más aún cuando de manera indebida se le pretende atribuir a la presidenta una responsabilidad mediata en los hechos ocurridos en las protestas”, declaró.
Las manifestaciones se encendieron en Perú el 7 de diciembre de 2022 luego de que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, quien poco antes había intentado cerrar el Congreso, pero no recibió el apoyo de las fuerzas de seguridad. Boluarte, que era vicepresidenta, lo sucedió en el cargo.
Los manifestantes —en su mayoría indígenas del sur de los Andes que habían votado abrumadoramente por Castillo— exigieron la renuncia de Boluarte, quien se había comprometido a renunciar si Castillo era removido por el Congreso. Al final Castillo fue encarcelado y la justicia ordenó su prisión preventiva por tres años mientras es investigado por los delitos de rebelión y corrupción.
Madeleine Penman, investigadora de Amnistía para Sudamérica, dijo en una conferencia de prensa que hicieron un análisis jurídico «de todas las decisiones y omisiones por la presidenta durante tres meses, y con base a ese análisis hemos llegado a la conclusión que confirma que Dina Boluarte podría ser considerada como autora mediata (autora intelectual) por las graves violaciones de derechos cometidas durante las protestas”.
Para ese análisis Amnistía revisó los conceptos desarrollados por la Corte Suprema de Perú en su sentencia de 2009, en la que condenó a 25 años de cárcel al expresidente Alberto Fujimori como autor mediato del asesinato de 25 peruanos, incluido un niño, a manos de un grupo militar que actuaba bajo su conocimiento durante su gobierno (1990-2000).
“Los requisitos para comprobar la autoridad mediata que pone la Corte Suprema de Perú habrían sido cumplidos en el caso de Dina Boluarte”, dijo Penman.
Caso relojes de lujo llega al Congreso de Perú
El Congreso de Perú admitió a trámite el jueves una denuncia del fiscal general contra la presidenta Dina Boluarte para enjuiciarla al fin de su mandato por un Presunto caso de corrupción por haber recibido relojes de lujo y joyas de un gobernador regional.
El comité legislativo que tramita las acusaciones a funcionarios de alto rango dio inicio al trámite, que puede durar meses e implica varias fases dentro del Congreso, para investigar una denuncia formulada en mayo por el fiscal general Juan Villena. Éste acusó a Boluarte como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio.
Según la Constitución, el Congreso debe esperar a que Boluarte concluya su mandato en 2026 para que la acusación sea enviada otra vez a la fiscalía y, en su caso, ésta la acuse ante un juez.
Los únicos supuestos por los que un presidente puede ser acusado en medio de su mandato son por traición a la patria, disolver el Parlamento, impedir las elecciones o por frenar el funcionamiento del Tribunal Electoral.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, la presidenta habría recibido relojes marca Rolex y las joyas en calidad de donación del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. El delito de cohecho, también llamado soborno, es una variante del delito de corrupción en la ley peruana.
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