El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha enviado una carta urgente al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, advirtiendo sobre el inminente colapso del sistema de salud en Cali y Colombia. La misiva resalta la crítica situación financiera del sistema de salud, la cual, de no ser abordada de manera inmediata, podría llevar a un colapso total de los servicios de salud en la región.
Según el alcalde Eder, la red de prestación pública distrital tiene una deuda de $63.139.048.685, mientras que la red privada enfrenta una cartera que supera el billón de pesos. Esta situación se ha agravado debido a una serie de factores, entre ellos, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la mayor demanda de servicios tras la pandemia de COVID-19, la inflación y la centralización de decisiones administrativas hacia Bogotá.
El alcalde insta al Gobierno Nacional a:
- Normalizar el flujo de recursos: Implementar medidas urgentes para garantizar un flujo constante de recursos hacia las instituciones de salud.
- Plan de amortización de la cartera: Establecer acuerdos de pago concretos y vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Consejo de Emergencia Territorial: Convocar un consejo con las autoridades competentes para abordar la crisis del sistema de salud.
Eder enfatiza que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho fundamental a la salud, consagrado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, y que existe una amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la necesidad de financiar adecuadamente el sistema de salud.
La carta también destaca que varios prestadores de salud, tanto públicos como privados, han manifestado públicamente su posible quiebra debido a la antigua cartera y el déficit corriente. De no cambiar la situación, Cali podría enfrentar un cierre inminente de servicios, afectando a cientos de miles de personas.
El representante Alejandro Ocampo ha anunciado que en 20 días se realizarán mesas técnicas con el sector privado, alcaldes y gerentes interventores para analizar el estado actual de las deudas de las EPS y buscar soluciones de pago. «Desde el Gobierno Nacional estamos planteando el giro directo del 80% para garantizar el flujo a los prestadores y asegurar el derecho a la salud de todas las personas», declaró Ocampo.
Además, se trabajará con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para afinar el decreto que garantice el flujo financiero necesario para la atención de los pacientes.
