La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a las empresas Brinsa y Quimpac tras hallar que durante más de doce años (2002-2014) se cartelizaron para repartirse los clientes de cloro, utilizado especialmente por los acueductos del país, que lo requieren para el tratamiento y potabilización del agua.
Del mismo modo, la entidad regulatorio multó a Brinsa, Quimpac, Trichem y Mexichem por implementar un sistema restrictivo de la competencia en el mercado de soda cáustica en Colombia.
Las sanciones impuestas por la Superindustria ascienden a una suma global superior a los $125 mil millones de pesos. También fueron sancionados 13 funcionarios y ex funcionarios de las 4 empresas cartelizadas por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas violatorias de la libre competencia económica.
“El caso La investigación adelantada por la Superindustria se inició en 2017 y contó con la colaboración de Brinsa como empresa delatora, quien confesó su participación en las dos conductas sancionadas, reconociendo su responsabilidad y colaborando con la investigación sobre la existencia y el funcionamiento del cartel empresarial”, explicó la Superindustria.
En el mercado del cloro, el cartel empresarial conformado por Brinsa y Quimpac operaba a través de diversas estrategias, mediante las cuales se defraudaba e inducía en error principalmente a los acueductos del país, para asegurarse que el suministro del cloro que requerían para tratar sus aguas, fuera adjudicado a la compañía previamente asignada en virtud del reparto al máximo precio posible.
En el caso de la soda cáustica, Brinsa, Quimpac, Trichem y Mexichem acordaron implementar un sistema tendiente a limitar la competencia a través de la salida coordinada de Mexichem del mercado en Colombia, la distribución de sus volúmenes de importación entre Brinsa y Trichem, y la aplicación de otras conductas encaminadas a impedir la entrada o expansión de nuevos competidores en el mercado.
