En los últimos años, el mundo se ha ensañado contra la explotación de hidrocarburos y minería. Sin embargo, expertos y partes interesadas sienten que el rechazo ha tomado tanta fuerza, que estas actividades estarían en vías de extinción, con graves consecuencias para el desarrollo global.
(Colombia busca hacer parte de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas).
Y Colombia no es la excepción. Según la encuesta bimestral realizada por la firma Gallup, más del 70% de los consultados dice que el manejo de la política ambiental del país está empeorando porque es permisiva. Además, según la Brújula Minera del 2019, realizada por el Centro Nacional de Consultoría, la firma Jaime Arteaga y Asociados y la revista Mundo Minero, el 39% de los encuestados quiere que se prohíba la minería en todo el país y el 55% que se acabe en su municipio. Y ni qué decir del fracking, que ha convocado a miles de personas que salen a las calles a protestar contra su eventual aprobación en Colombia.
Pero la baja aceptación de la minería en el país no es solo de los ciudadanos. La Brújula Minera revela que apenas el 21% de los directivos del sector considera que el Gobierno apoya la actividad minera y, por eso el 26% de ellos aseguró que reducirá sus inversiones en los próximos cinco años.
(Colombia tiene tres años para implementar el estándar Eiti).
En otras palabras, el creciente rechazo al sector extractivo se ha convertido en una amenaza evidente para estas actividades que, muy seguramente podrían incluso ir rumbo a ser prohibidas. En estas circunstancias, la pregunta es: ¿De qué manera el país va a sustituir los ingresos por exportaciones de actividades extractivas, que entre enero y noviembre del año pasado, participaron con el 52% del total de ventas nacionales en el exterior (unos US$15.000 millones)?
El dilema entre desarrollo y medioambiente o la protección de los recursos naturales inicia desde el momento en que los seres humanos requieren productos y servicios para satisfacer sus necesidades diarias, e incluso las de simple supervivencia.
Bajo esa realidad, el Código de los Recursos Naturales de 1974 establece los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), una compensación obligatoria que aplica para los proyectos que requieren licencia ambiental (infraestructura, explotación minera y exploración y explotación de hidrocarburos).
Eso significa que la clave no es oponerse a actividades legales que tienen como objetivo abastecer la demanda de productos claves para el desarrollo de la sociedad, y que contribuyen al bienestar ciudadano, sino establecer reglas claras que ayuden a minimizar el impacto y, cuando esto no sea posible, aplicar medidas compensatorias de diferente índole.
(La minería legal en Colombia es muy responsable: Baptiste).
El debate no debería plantearse sobre las compensaciones, porque estas ya existen, sino sobre qué se hace con el dinero que el Estado recauda por estos conceptos.
DISCURSO INCOHERENTE
Es plenamente válido que los seres humanos busquen la comodidad y vivir en condiciones óptimas. Lo que no es coherente es que la gente quiera tener todo, sin aceptar que para el disfrute de esos bienes se requiere usar materiales y desarrollar acciones que alteran el medio ambiente.
“Estamos ante un fenómeno de hipocresía generalizada porque muchos de quienes cuestionan los hidrocarburos se benefician de la calidad de vida que estos brindan. Hipocresía porque confunden el propósito de tener un mejor planeta, con entender que las decisiones energéticas. Hipocresía porque al tiempo en que desean mejor calidad de vida y progreso, no admiten que la industria del petróleo es uno de los principales aportantes de recursos al fisco. Hipocresía porque muchos de quienes dicen ser ambientalistas se benefician política y económicamente de su discurso demagógico”, afirma Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Agregó que no se trata de minimizar los desafíos del calentamiento global, ni de negar que se debe actuar con mayor responsabilidad ambiental”.
‘AMAR LA LECHE Y ODIAR LA VACA’
Si las personas aspiran a llegar a llegar a sus casas, encender la luz y disfrutar de los electrodomésticos, no pueden odiar las generadoras de energía. Lo que hay que exigir es que esta se obtenga mediante prácticas más amigables con el medio ambiente (solar y eólica), a pesar de que estas también tienen un impacto sobre la naturaleza.
(Minería bien hecha, una ‘joya’ para la economía colombiana).
Los seres humanos quieren movilizarse cómodamente en avión, carro o cualquier otro medio de transporte motorizado, pero rechazan los combustibles; piden autos eléctricos, pero se oponen a las hidroeléctricas; quieren lucir joyas con base en oro, plata, esmeraldas y muchas otros metales o piedras preciosas, pero señalan a la minería como una de las actividades ‘demonio’; piden desarrollo industrial, pero les fastidian las máquinas; desean la moda, pero denigran de las materias primas con las que se fabrican la mayoría de las prendas; se fijan como prioridad comprar vivienda, pero rechazan los materiales de construcción; quieren vías pavimentadas y no soportan el cemento ni el asfalto y, consumen alimentos, pero rechazan las prácticas agrícolas, ganaderas y piscícolas.
El ejemplo más común de incoherencia sobre la convivencia entre el desarrollo y el medio ambiente se registra con el uso de los celulares. Hoy, los seres humanos sienten que no pueden vivir sin el teléfono móvil, aparato que es producido exclusivamente con materiales provenientes de la minería. El presidente de Fenalcarbón, Juan Manuel Sánchez, sostiene que la minería ha estado presente en todos los tiempos. “Las sociedades se desarrollaron gracias a la minería, y hoy es imposible pensar un mundo sin minería. Todo lo que nos rodea depende, de alguna manera, de ella. Es irónico pedir una transformación y al mismo tiempo atacar a una industria que es necesaria para que esa transformación se dé”. Según Sánchez, lo que hay que hacer es compensar, restaurar y fortalecer la cultura social.
MENSAJES OPUESTOS
Marchas y posiciones en su contra, van por un lado y, por el otro el uso de las regalías y los impuestos. Cada vez que en Colombia se va a construir una represa para la generación eléctrica hidráulica, las protestas no se hacen esperar. Los ejemplos más recientes de proyectos en operación son El Quimbo, en el Huila, e Hidrosogamoso, en Santander. Si estas no estuvieran hoy generando energía, seguramente el país tendría déficit de suministro o muy cerca de un apagón, con graves consecuencias para la industria y el empleo.
Como una muestra más de los ataques globales al sector, el diario británico ‘The Guardian’ anunció que no recibirá más publicidad de empresas que exploten combustibles fósiles.
Édmer Tovar Martínez
Editor de Portafolio
