La Aeronáutica Civil le pidió a la fiscal 40 de Cartagena, de la unidad de delitos contra la administración pública, que se pronuncie cuanto antes sobre el presunto robo de un predio de 22 hectáreas ubicado al lado del aeropuerto Rafael Núñez.
Con documentos públicos falsos, invasores se apropiaron de las 22 hectáreas de este predio de la nación, el cual es apto para la ampliación del aeropuerto internacional Rafael Núñez, de Cartagena, que hoy busca cómo extender su frontera ante la llegada masiva de turistas.
De hecho, acaba de ser instaurada una denuncia penal contra la fiscal que lleva el caso desde hace ocho años por los delitos de prevaricato por omisión y mora judicial.
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“Lo que se le está pidiendo a la fiscal es que falle para resarcir a las víctimas de inmediato, como lo ordena la ley en el restablecimiento provisional; si quiere, que condene después a los invasores”, señala el abogado de las víctimas, la Aeronáutica Civil y la nación, Eduardo del Río. Este bien de uso público, con un frente amplio sobre las playas de la Boquilla, ha multiplicado su valor en los últimos diez años y hoy sería la principal opción para la ampliación del aeropuerto. El predio fue apropiado fraudulentamente con escrituras falsas por un exdiputado de Bolívar en 1996.
Mafias locales buscan hoy convertir estos predios en un megaproyecto comercial de grandes edificaciones y centros comerciales para estrato seis, como ya aparece en licencias de construcción expedidas por la polémica Curaduría Urbana número uno de Cartagena, la misma que expidió los permisos para la torre Aquarela.
En este sector de la ciudad el, metro cuadrado tiene un valor de 4,5 millones de pesos, según la oficina de instrumentos públicos de Cartagena, y está entre las tierras más costosas del país, por estar frente al mar y al principal corredor vial de la costa Caribe.
El Distrito calcula un detrimento al patrimonio nacional en más de 250.000 millones de pesos.
El caso fue declarado de connotación nacional por la Fiscalía General de la Nación, debido al alto impacto que tiene para el futuro de la región.
No obstante, han transcurrido ocho años y, pese a una decena de acciones judiciales presentadas contra los invasores, el caso no ha sido resuelto y reposa el sueño de la injusticia en los anaqueles de la Fiscalía del barrio Crespo, en Cartagena.
JOHN MONTAÑO
Corresponsal de EL TIEMPO en Cartagena
