Es muy temprano para apreciar el alcance del daño pandémico en Colombia. Pero hay razones para mantener la esperanza.
El Gobierno, luego del retraso en las decisiones y de la floja gestión de la crisis en los aeropuertos de Bogotá y otras capitales que permitió la llegada evitable de pasajeros contagiados, ha venido mejorando y dando pasos significativos en la gerencia de la emergencia.
Las ayudas dispuestas, aún insuficientes, son útiles, aunque la intervención sobre los fondos pensionales de los territorios no es coherente y puede venirse abajo.
La sociedad lo ha venido acompañando de manera creciente en la medida en la cual puede comprender el problema sin abocarse al trágico dilema entre prudencia e indigencia.
La ciudadanía, el Gobierno y la sociedad civil están entendiendo por fin que la informalidad no es una cifra, mucho menos un enemigo, es la consecuencia de una fractura histórica brutal, de la migración compulsiva del campo a la ciudad que no ha sido en su mayor parte producto del desarrollo sino del abandono de los territorios copados por la criminalidad.
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Son estos el gran captador de mano de obra juvenil, de la remisión deplorable de mujeres a las ciudades bajo esa odiosa condición de mucamas subremuneradas que ni siervas ni proletarias y de la exigua tributación predial de los propietarios.
Esos dedicados a ensanchar dominios comprando unos y otros más aviesos despojando, vivir del engorde de terrenos en la periferia urbana, mantener inalterable la oferta agrícola y clamar por subsidios a diestra y siniestra evitando con esa captura de rentas el desarrollo de los distritos de riego y de la red vial secundaria.
Informalidad: un reto para Colombia
La informalidad se ha expandido dramáticamente durante los últimos 15 años, por efecto de tres vectores indeseables: el desplazamiento, la enfermedad holandesa inductora de una revaluación que echó a perder los aspectos positivos de la liberalización y la oleada migratoria desde Venezuela consecuencia de la más perversa, destructora, dilapidadora y corrupta aventura narcopopulista en la historia latinoamericana.
Interesante también ha resultado el proceso de mutuo estímulo entre el Gobierno Nacional y las administraciones territoriales. Esa sana emulación, sin confusiones jerárquicas, es positiva.
La renta petrolera caerá y con ello se ahondará el déficit en la balanza comercial y habrá decremento en las regalías para los territorios y en los dividendos de Ecopetrol
Particularmente en el caso de Bogotá ha sido bien acogida por la ciudadanía. Oremos por que Claudia conserve el aplomo verbal que le aconsejaran desde el Externado en el tramo final de su campaña y porque el señor Presidente siga tomando distancia del entablille tecnocrático y reciba consejos de personas con experiencia política.
Parecen puestos en razón los consejos de Juan Camilo Restrepo, Carlos Caballero y Amílkar Acosta por ejemplo. Si pudiésemos hacer un balance de prueba ajustado tendríamos dos hojas de análisis y reflexión.
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En la Hoja de las Pérdidas correspondiente a las cuentas del ejercicio 2020, la situación es lamentable. El crecimiento será nulo o negativo. La renta petrolera caerá y con ello se ahondará el déficit en la balanza comercial y habrá decremento en las regalías para los territorios y en los dividendos de Ecopetrol.
Registraremos fuertes retrocesos en los sectores productores de bienes de consumo durable –síntoma típico de una recesión– tales como los automotores y la construcción.
Sectores intensivos en mano de obra como los servicios hoteleros y de gastronomía sufrirán lo indecible, también las apuestas permanentes y deportivas, los giros y variados renglones del sector servicios, las empresas de economía naranja perderán con excepción de aquellas que operen sobre distribución digital, la educación superior agudizará su crisis de matrículas y competirá fuertemente en modalidades virtuales y de e-learning.
Declinarán asimismo las actividades de alquiler y los servicios de seguridad, la consultoría y el propio sector financiero, los renglones metalúrgico y metalmecánico y la actividad extractiva durante el período de aislamiento.
¿Quiénes ganan? Algunas áreas de la seguridad social y la salud, por obvias razones; la industria farmacéutica, aunque declina la producción y venta de cosméticos.
Sin duda el notable ganador puede ser el sector agropecuario por el mayor costo de los importados, siempre que no especule, planee la ampliación de la oferta y sepa manejar la movilidad de los cosechadores cafeteros. Colombia va a enfrentar una severa pérdida coyuntural.
El cambio es estructural
¿Cuál es la capacidad real que tiene Colombia para producir correcciones estructurales para honrar con dignidad y por siempre a las víctimas del coronavirus? ¿Cuál sería el tipo de reformas estructurales y sin corrupción que podría adoptarse? ¿Cómo sería la hoja de las ganancias más allá del presente ejercicio?
Disponer una pensión mínima universal para la población adulta mayor. Es necesario colocar un límite a la pensión máxima del orden de los 20 salarios mínimos legales vigentes (s. m. l. v.) y elevar las edades de jubilación conforme al cambio producido en la expectativa de vida.
Para llegar a una pensión universal mínima que ronde la mitad del salario mínimo, será inevitable un incremento contributivo en remuneraciones superiores y aportes patronales así como reducir la brecha entre hombres y mujeres en la edad para obtener la pensión llevándola a 63 y 60 años, respectivamente.
Tres materias serían objeto de reformas legales para fortalecer el teletrabajo y la vida familiar, el ingreso de los hogares y la economía del cuidado. Para fortalecer la agrupación familiar se debe reducir la jornada semanal de trabajo a 44 horas, la Ley 221 de 2008 del Teletrabajo sería modificada con una interpretación avanzada que preserve los derechos laborales y redefina los roles en cuanto a subordinación, supervisión y evaluación por resultados.
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El ICBF limitaría por ley sus gastos administrativos como proporción de su ingreso, recibiría rentas adicionales provenientes de las contribuciones de las apuestas deportivas y el consumo de bebidas “energizantes”, e incorporaría a la red de la economía del cuidado a las personas que dedican su tiempo al hogar, cuidado de adultos mayores, discapacitados y lisiados, a quienes entregaría una mensualidad no inferior al 20 % del s. m. l. v
Tres materias serían objeto de reformas legales para fortalecer el teletrabajo y la vida familiar, el ingreso de los hogares y la economía del cuidado
El Gobierno continuaría la actualización y optimización catastral. Mientras ese proceso se surte en su totalidad, los predios no actualizados durante los últimos diez años serían objeto de un reajuste automático en su avalúo correspondiente a la suma acumulada de la inflación anual en la década.
El incremento extraordinario en el recaudo del impuesto predial se dedicaría exclusivamente a la construcción de vivienda de interés social con componente subsidiado a nivel local como estrategia de recuperación de la economía y de habilitación de millones de excluidos para actuar en la economía de mercado.
No es otra cosa que el modelo de la ley de compensación de cargas sociales aplicado por Alemania en 1952 y a cargo de los conservadores visionarios Konrad Adenauer y Ludwig Erhard.
Y frente al gran tema de la informalidad, una red integrada por las cajas de compensación necesitadas de ampliar su acción para defenderse de los enemigos que siempre pugnan por destruir el sistema del subsidio familiar.
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Las cámaras de comercio urgidas de mostrar mayor y mejor resultado en inclusión económica para salirles al paso a los críticos del tributo delegado y los gremios económicos que, sin duda, pueden ir más lejos en el esfuerzo por la equidad y la mejora distributiva de los factores de la producción, serían las responsables del cierre de la brecha en el tejido empresarial.
Los servicios promocionales de las cámaras serán gratuitos para la microempresa formal e informal.
Los microempresarios y autónomos, los trabajadores y sus familias accederían con una contribución mínima fijada por el Gobierno a los servicios de las cajas de compensación y cada sector adelantaría un masivo programa de desarrollo de proveedores e integración de pymes a las cadenas productivas y de suministro.
Menor desigualdad, mayor vertebración social. Sostenibilidad y responsabilidad ambiental, honrar los acuerdos de paz, las leyes de víctimas y restitución de tierras. Y hasta por ahí no más. El Estado no resiste más carga social. Crecimiento endógeno con proyección económica internacional.
JUAN ALFREDO PINTO – ESPECIAL PARA EL TIEMPO
