Redacción
La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 8 indígenas como presuntos responsables del homicidio del médico tradicional de la comunidad de Barro Blanco, Rosendo Abona Limón, de 80 años.
Con la decisión judicial fueron afectados: Alirio Forastero Flaco, alias Pastuso; Willinton Forastero Forastero, alias Chocodo; Marcial Forastero Flaco, José Nilo Rodríguez Papelito, alias Checheo Secreto; Arturo Forastero Forastero, Robertico Papelito Nampio, alias Tolo; Luis Alberto Papelito Garabato, alias Chicuelo, y Sergio Darío Isaramá Hachito, alias Borracho.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de Quibdó (Chocó), el pasado 21 de junio, en la citada comunidad indígena ubicada en el municipio de Medio Baudó (Chocó), los procesados habrían ingresado a la vivienda de la víctima y lo habrían atacado con un arma blanca (machete), causándole la muerte.
Según la información obtenida por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se evidenció que el médico habría sido señalado por los presuntos agresores de hacerle mal a la comunidad y, además, lo habrían culpado de la muerte de algunos animales, y de la enfermedad de varias personas del grupo étnico.
Los procesados fueron capturados este 25 de julio por uniformados del CTI, con el apoyo del Ejército y la Policía Nacional. Durante las audiencias concentradas no se allanaron a los cargos imputados por el ente acusador.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
NAMT/CMDR/MG/
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
