Redacción
Un caso se relaciona con el homicidio de un líder social en Montecristo (Bolívar) y el otro, con el golpe propinado a las milicias del frente Juan Fernando Porras Martínez en Norte de Santander.
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Como parte de la estrategia investigativa para el esclarecimiento de graves afectaciones a defensores de derechos humanos y reincorporados, así como para el desmantelamiento de organizaciones criminales, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres personas, señaladas de pertenecer a grupos armados a los que se les atribuye la comisión de diferentes crímenes contra estas poblaciones de especial protección, así:
- Aseguramiento de alias Ricardo Catatumbo, presunto disidente de las Farc
El trabajo articulado entre la UEI y la Seccional Magdalena Medio, en el marco del proyecto investigativo Sur de Bolívar, permitió que el Juzgado 8 Penal Municipal de Cartagena (Bolívar), con función de control de garantías, impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Jhan Carlos Barrera Barrera, alias Ricardo Catatumbo, presunto miembro de las disidencias del Frente 37 de las Farc, denominado Mario Morales.
El material probatorio da cuenta de que esta persona habría participado en el homicidio de Oswaldo de Jesús Pérez Navarro, líder social de la vereda Mina Piojo del municipio de Montecristo (Bolívar), perpetrado el 26 de julio de 2021, cuando hombres armados llegaron hasta su vivienda en esa zona y le dispararon.
Por este hecho, el ente acusador le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, desplazamiento forzado, amenazas, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, agravado, en calidad de coautor.
La judicialización de alias Ricardo Catatumbo se suma a la captura y medida de aseguramiento obtenida en octubre pasado contra Jhon Carlos Rincón Rangel, alias Colacho, presunto cabecilla de la citada disidencia, quien al parecer ordenó el asesinato del defensor de derechos humanos Pérez Navarro.
- Detención intramuros para dos supuestos milicianos del ELN
Bajo la coordinación de un fiscal del Grupo Itinerante de Norte de Santander de la UEI, investigadores del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, materializaron la captura de Yesica Barrera Mejía, alias Jessica; y Edilson Gómez Espada, alias Grandote; al parecer cabecilla e integrante, respectivamente, de las milicias del Frente Juan Fernando Porras Martínez del grupo armado ELN.
El procedimiento, por orden judicial, se efectuó durante cuatro diligencias de allanamiento y registro en el corregimiento Campo Dos del municipio de Tibú (Norte de Santander), el 2 de diciembre último.
De acuerdo con lo establecido, alias Jessica sería la encargada de realizar diferentes labores dentro de la estructura armada, entre ellas, ordenar los bloqueos de las principales vías del Catatumbo en el paro nacional registrado este año.
En audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y rebelión, a los cuales no se allanaron los investigados. Por su parte, el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante de Cúcuta, acogió los argumentos del ente acusador y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Este resultado se deriva de la investigación adelantada para esclarecer el homicidio de Ender Elías Ravelo Jaimes, reincorporado de las Farc, quien fue asesinado con arma de fuego el 10 de diciembre de 2019 en el municipio de Tibú; hecho que se le atribuye al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
DLBM/AA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
