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A la cárcel dos hombres judicializados por delitos sexuales

por Redacción BL
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Fiscal Franciso Barbosa A Francisco de Paula Cardona Arroyabe la Fiscalía lo imputó como presunto responsable del delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años.

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La Dirección Seccional de Fiscalías logró la  judicialización de dos hombres que serían los presuntos responsables de delitos sexuales cuyas víctimas son menores de 14 años, en hechos ocurridos en Aguachica (Cesar) y Barrancabermeja (Santander).

El primer hecho ocurrió en enero de 2022 en el departamento del Cesar. Se trata de un hombre que habría sometido a vejámenes sexuales a su víctima, valiéndose de su condición como padrastro de la menor de 11 años.

A Francisco de Paula Cardona Arroyabe la Fiscalía lo imputó como presunto responsable del delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años.

La Fiscalía le imputó cargos por su presunta responsabilidad por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo.

El segundo hecho, ocurrió en el puerto petrolero el pasado 1 de marzo, cuando al parecer el hoy asegurado, Francisco de Paula Cardona Arroyabe, realizó tocamientos a un joven de 13 años, a quien intimidó con arma blanca.

Fiscal Francisco Barbosa Capturado por su presunta responsabilidad en delitos sexuales con menor de 14 años.
Capturado por su presunta responsabilidad en delitos sexuales con menor de 14 años.

El ente acusador le imputó cargos por los delitos de: acto sexual violento agravado con menor de 14 años.

Los dos asegurados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía habla con resultados.

 

DRA/FW/CFG


La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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